Acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron dejar en evidencia el actuar ilegal de Diana Yusmery Castellanos Lemus. La mujer, quien se desempeñaba como representante legal y vendedora de un concesionario ubicado en la ciudad de Bucaramanga, habría engañado a por lo menos ocho ciudadanos con la supuesta comercialización de sus automotores durante el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2025.
El proceso investigativo determinó que la procesada se ganó la confianza de los propietarios, provenientes de municipios como Barrancabermeja, Floridablanca y la capital santandereana, mediante falsas promesas de venta. Los afectados le entregaron sus vehículos bajo la convicción de recibir un pago justo, pero la implicada nunca entregó el dinero producto de las transacciones comerciales ni devolvió los bienes a sus legítimos dueños.
El material probatorio recopilado por los investigadores permitió establecer que la cuantiosa afectación económica supera los 600 millones de pesos, perjudicando gravemente el patrimonio de las ocho víctimas. De acuerdo con las indagaciones, la representante legal aprovechó la tenencia física de los vehículos para traspasarlos de manera irregular a terceros sin transferir ningún tipo de recurso económico a los propietarios originales.
Ante la contundencia de las denuncias presentadas, un fiscal adscrito a la Seccional Santander le imputó formalmente el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos. Durante las audiencias preliminares correspondientes, la procesada decidió no aceptar los cargos penales que le fueron endilgados por el ente acusador en el marco de este proceso judicial.
Tras evaluar la gravedad de las conductas punibles y los elementos materiales probatorios expuestos por la fiscalía, el juez de conocimiento encargado del caso determinó imponerle una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en lugar de residencia. Las autoridades continúan con las pesquisas necesarias para determinar si existen más afectados por este modus operandi en el departamento de Santander.
Las entidades de control reiteraron la importancia de acudir exclusivamente a establecimientos formales y debidamente legalizados al momento de realizar compraventas de vehículos automotores. La Fiscalía General de la Nación mantiene activos sus canales de denuncia ciudadana para capturar a los actores delincuenciales que afectan la confianza comercial en las principales ciudades del oriente colombiano.
Los investigadores judiciales recalcaron que la oportuna denuncia por parte de los ciudadanos afectados resulta fundamental para desarticular estas redes de estafa en la región. Las autoridades continuarán realizando controles rigurosos a los establecimientos dedicados a la comercialización automotriz para prevenir nuevos casos que afecten el patrimonio económico de los habitantes santandereanos.
La fiscalía mantendrá las indagaciones complementarias para esclarecer el destino final de los automotores que fueron transferidos ilegalmente a terceros durante el periodo investigado. Las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso con la justicia y la protección de los derechos patrimoniales de todas las personas que confían de buena fe en los concesionarios autorizados del país.
