La presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y directora ejecutiva de Acopel, Luz Victoria Salazar, denunció públicamente un incidente de presunto maltrato por parte del interventor de NUEVA EPS, el señor Ospina. El episodio ocurrió el pasado jueves durante una visita institucional en la sede nacional de la entidad, donde Salazar buscaba exponer el estado crítico de salud de una paciente con Enfermedad de Gaucher que requiere atención urgente y domiciliaria.
Según el relato de la dirigente gremial, el encuentro se tornó hostil cuando solicitó un breve espacio para presentar fotografías de las lesiones graves que sufre la paciente debido a la falta de atención oportuna. Salazar señaló que, tras intentar explicar la gravedad del caso —que ya había sido reportado al despacho sin respuesta desde el 8 de mayo—, el directivo reaccionó elevando la voz y profiriendo gritos frente al personal y usuarios presentes, desestimando el diálogo institucional.
La situación de la paciente descrita es alarmante, pues se encuentra confinada a una cama tras sufrir fracturas espontáneas. A pesar de su delicado estado de salud y su condición de madre cabeza de hogar sin redes de apoyo, se le ha negado el acceso a una clínica de heridas y atención domiciliaria. Salazar enfatizó que su intervención no buscaba una confrontación personal, sino expresar una indignación legítima ante la vulneración persistente del derecho fundamental a la salud.
La denuncia resalta la desproporcionalidad en el trato recibido, calificando el comportamiento del funcionario como incompatible con la dignidad que exige la función pública. Salazar subrayó que ostentar un cargo de dirección no otorga ninguna autoridad para intimidar o descalificar a los defensores de derechos humanos. Por el contrario, la posición de poder debería traducirse en un ejercicio ético, orientado precisamente a facilitar soluciones para las poblaciones que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad en el sistema sanitario.
Este episodio trasciende el agravio personal, ya que, según la denunciante, las conductas de intimidación afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La labor de las organizaciones de pacientes, protegida por la Constitución y la ley, es un pilar esencial en la vigilancia del sistema de salud. El maltrato a quienes ejercen esta función desincentiva la participación ciudadana y crea barreras adicionales para que los pacientes, que muchas veces no pueden valerse por sí mismos, obtengan respuestas efectivas.
Ante los hechos expuestos, se ha exigido formalmente una investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer la conducta del interventor. La prioridad inmediata, sin embargo, sigue siendo la salud de la joven afectada por la Enfermedad de Gaucher, quien no puede seguir esperando mientras las diferencias de trato ocupan el lugar que debería tener la atención médica. El llamado es a que la gestión administrativa no pase por encima del bienestar de quienes padecen patologías de alto costo.
Luz Victoria Salazar reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de los pacientes, asegurando que no permitirá que el abuso de autoridad silencie las voces de quienes representan a la comunidad. La dirigente ha dejado claro que seguirá ejerciendo su labor con la firmeza necesaria, exigiendo que las instituciones actúen conforme a los principios de humanidad y eficiencia. El respeto recíproco, sostiene, es el único camino posible para resolver las barreras del sistema de salud.
La salud en Colombia enfrenta desafíos estructurales que requieren una gestión basada en la empatía y la prontitud, elementos que se ven seriamente cuestionados cuando los funcionarios optan por la intimidación en lugar de la resolución. Este caso se suma a la larga lista de denuncias sobre la atención en el sector, evidenciando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de atención al usuario y garantizar que el trato digno sea la norma en el sistema sanitario nacional.
