El Gobierno Nacional entregó formalmente a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992. Esta iniciativa legislativa busca actualizar el marco normativo que ha regido la educación superior durante más de tres décadas, consolidando un modelo que reconoce la enseñanza como un derecho fundamental y un bien común esencial para el desarrollo equitativo de los territorios.
La radicación de esta propuesta da continuidad al proceso estratégico iniciado con la Ley 2568 de 2026, la cual modificó los artículos 86 y 87 de la normativa vigente para asegurar una base financiera sólida y progresiva para las universidades públicas. Con el presupuesto ya respaldado por la reciente ley de financiación, el nuevo articulado profundiza en transformaciones estructurales orientadas a robustecer la calidad académica, la investigación científica y la innovación en todas las regiones del país.
El texto entregado a los congresistas es el resultado directo de un amplio proceso de construcción participativa liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Entre 2023 y 2026, rectores, docentes, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales aportaron sus perspectivas en diálogos territoriales realizados a lo largo del país, logrando incorporar demandas históricas de las comunidades académicas en el documento que ahora iniciará su discusión formal en el legislativo.
Entre sus disposiciones centrales, el proyecto establece que los aportes financieros a las instituciones públicas crecerán anualmente en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto. Asimismo, la iniciativa eleva progresivamente del 2% al 5% el presupuesto obligatorio destinado al bienestar universitario, y exige que las universidades destinen al menos el 10% de sus recursos a programas de investigación y producción de conocimiento científico.
La reforma también introduce cambios significativos en los órganos de gobierno institucional al duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores universitarios. Además, el proyecto contempla la creación de los Consejos Territoriales de Educación Superior para articular la academia con los gobiernos locales, e impulsa los denominados Multicampus con el propósito de expandir la oferta educativa y compartir infraestructura en zonas históricamente marginadas.
Durante la entrega oficial del documento a los legisladores, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, destacó que este proyecto representa el fruto de una gestión gubernamental que reconoció a los jóvenes como aliados estratégicos. El alto funcionario enfatizó que la discusión parlamentaria permitirá defender los logros alcanzados y consolidar un modelo donde el acceso al conocimiento superior sea una garantía real para todos los ciudadanos colombianos.
La propuesta normativa redefine además las funciones de entidades técnicas del sector, otorgando nuevas responsabilidades de seguimiento al ICFES y reorientando al ICETEX hacia la financiación de posgrados y formación internacional mediante esquemas con enfoque redistributivo. Estas modificaciones buscan optimizar el uso de los recursos públicos y priorizar el apoyo a los profesionales que decidan retribuir socialmente su conocimiento en beneficio del país.
El debate que ahora comienza en el Congreso de la República se perfila como la transformación estructural más importante para la educación superior colombiana en los últimos treinta años. La bancada oficialista asumirá la defensa de una iniciativa diseñada para blindar financieramente a las universidades públicas, ampliar masivamente las oportunidades de los jóvenes y posicionar al conocimiento como el verdadero motor del progreso nacional.
