La Fiscalía General de la Nación logró un golpe contundente contra el frente Iván Merchán, estructura disidente que operaba bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento del Meta. El operativo judicial culminó con la captura y judicialización de tres integrantes señalados de extorsionar sistemáticamente a palmicultores, finqueros y diversos sectores comerciales de la región. La investigación permitió desmantelar el núcleo operativo que venía afectando la seguridad y tranquilidad productiva de los municipios.
Los detenidos fueron identificados como Maicol Estiven Bernal Sánchez, conocido como alias Junior y señalado cabecilla del grupo, junto a sus colaboradores Miller Javier Castillo Ortiz, alias Bayron, y Jhon Jairo Martínez Castillo, alias El Costeño. Según el acervo probatorio, estos individuos se dedicaban a perfilar a sus víctimas para luego contactarlas vía telefónica, utilizando intimidaciones y amenazas directas contra su integridad física para exigir el pago de diversas cuotas económicas mensuales.
El impacto de esta organización quedó documentado a través de 28 denuncias formales interpuestas por ciudadanos que sufrieron el acecho de la estructura criminal. Las autoridades lograron ejecutar la captura en una finca ubicada en la vereda El Progreso, jurisdicción de Mapiripán, gracias a una acción articulada entre el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Durante el procedimiento se incautó armamento de uso privativo, incluyendo una subametralladora, además de equipos tecnológicos y documentos clave.
Entre el material confiscado, los investigadores hallaron agendas que contenían información detallada sobre el esquema de pagos y la nómina interna de la estructura disidente. Asimismo, fueron decomisados un dron, una antena de internet y motocicletas que facilitaban la logística del grupo para monitorear sus zonas de influencia y movilizarse entre las áreas rurales. Estos elementos son ahora parte esencial del proceso judicial para establecer los alcances de la red y sus posibles vínculos con otros actos delictivos.
Una fiscal adscrita al Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías. Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido por parte de las Fuerzas Armadas. La rigurosidad de los delitos imputados refleja la gravedad de las actividades ilícitas que este grupo ejercía sobre la economía local.
Durante el desarrollo de las audiencias, Maicol Estiven Bernal Sánchez tomó la decisión de aceptar los cargos presentados por el ente acusador, facilitando el avance procesal del caso. A pesar de esta aceptación, el juez ordenó que tanto el cabecilla como sus dos presuntos colaboradores cumplan con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Esta determinación busca garantizar la protección de las víctimas y evitar que los procesados continúen delinquiendo mientras avanza el juicio.
La desarticulación de esta célula delictiva representa un avance significativo para restaurar el orden en los sectores productivos de la región del Meta. La confianza de los comerciantes y campesinos en las instituciones ha sido el motor principal para que la Fiscalía pudiera consolidar este caso mediante el acopio de testimonios y pruebas documentales. Las autoridades han reafirmado que mantendrán la vigilancia constante para prevenir el surgimiento de nuevas estructuras que pretendan suplantar el accionar de este grupo.
El compromiso del Estado con los territorios golpeados por la extorsión se mantiene como una prioridad absoluta durante el presente año. Este golpe contra la estructura autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano envía un mensaje claro a las organizaciones armadas ilegales que intentan intimidar a la ciudadanía. La colaboración entre la fuerza pública y la ciudadanía sigue siendo la herramienta más efectiva para debilitar las finanzas criminales y proteger el desarrollo de las actividades lícitas en la zona.
