El Ministerio de Educación Nacional avanza en el acompañamiento técnico para la implementación efectiva de la Ley 2089 de 2021. Esta normativa, fundamental para la protección de la niñez colombiana, prohíbe de manera tajante el uso de castigos físicos y tratos humillantes, degradantes o crueles en todos los entornos donde se desarrollan los menores, incluyendo el hogar y las instituciones educativas. El país asume así un giro necesario hacia modelos de disciplina más respetuosos.
Un reciente webinar liderado por el Ministerio, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), logró convocar a 647 profesionales de los sectores de salud, educación y protección social. Este espacio de capacitación tuvo como objetivo principal unificar criterios sobre el manejo psicoemocional y la adopción de herramientas pedagógicas que permitan a los padres, madres y cuidadores fortalecer sus vínculos afectivos sin recurrir a la fuerza física como método correctivo.
La ley precisa que el castigo físico no debe confundirse con la disciplina formativa, sino que se refiere específicamente al uso de la fuerza destinada a causar dolor. Contrario a temores infundados, esta norma no contempla la pérdida automática de la custodia, salvo en casos extremos y reiterados donde la integridad de los menores esté en riesgo. La apuesta gubernamental es eminentemente preventiva, orientada a transformar imaginarios culturales que han naturalizado la violencia durante generaciones.
Especialistas de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio recalcaron que estas prácticas agresivas generan efectos negativos comprobados en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los menores. Lejos de ser eficaces para establecer límites, los tratos degradantes inhiben la empatía, fomentan la mentira como mecanismo de defensa y aumentan la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes enfrenten situaciones de abuso o conductas de riesgo a lo largo de su trayectoria vital.
Para materializar este cambio, el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de las comunidades materiales pedagógicos diseñados para orientar la construcción de acuerdos familiares. La estrategia busca promover una parentalidad basada en el amor, el diálogo y el reconocimiento de la dignidad, consolidando los derechos de la infancia como eje central de la gestión pública. La meta es reemplazar el autoritarismo por relaciones democráticas que protejan el desarrollo integral del ciudadano.
La implementación de esta política pública se despliega de forma articulada entre el nivel nacional y los territorios. Gobiernos locales, alcaldías y entidades dedicadas a la infancia en cada departamento tienen la misión de liderar la adopción de estas directrices. El trabajo conjunto entre diversas carteras ministeriales y las autoridades territoriales es indispensable para garantizar que el mensaje de protección llegue a cada rincón, especialmente en las zonas rurales más dispersas del país.
Diversos expertos, incluyendo miembros de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, resaltaron que el vínculo afectivo funciona como un factor protector fundamental frente a las amenazas del entorno. La invitación extendida por el Ministerio de Educación abarca también a la sociedad civil, la academia y el sector privado, instándoles a convertirse en aliados estratégicos en este esfuerzo colectivo. Se requiere de una movilización social amplia para desterrar los modelos basados en el castigo.
El avance hacia una cultura de crianza sin violencia representa un pilar en la construcción de una sociedad más justa, compasiva y libre de maltratos. Al priorizar el respeto y la escucha activa de las voces de niñas, niños y adolescentes, Colombia busca saldar una deuda histórica con sus nuevas generaciones. La construcción de este tejido social, cimentado en la empatía y la protección, es la ruta elegida para garantizar el bienestar colectivo en el futuro inmediato.
