Un juez penal especializado dictó sentencia condenatoria contra Celino Vargas Cepeda y Yerly Katherine Galvis Gómez por su participación directa en el ataque terrorista contra el Grupo Aéreo de Casanare, ocurrido el 10 de enero de 2020. Vargas Cepeda recibió una pena de 29 años de prisión, mientras que Galvis Gómez fue sentenciada a 12 años, tras comprobarse su rol logístico y operativo en esta acción criminal que vulneró la seguridad de las instalaciones militares y puso en peligro a múltiples personas.
El ataque fue ejecutado mediante una volqueta adaptada como plataforma de lanzamiento, desde la cual fueron disparados 25 cilindros cargados con explosivos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que el vehículo fue negociado y adquirido por los procesados siguiendo instrucciones precisas de cabecillas del ELN, identificados como alias Nando y alias Oso. Este atentado dejó un saldo de tres personas heridas y causó afectaciones materiales que superaron los 2.444 millones de pesos.
La labor investigativa de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió reconstruir la cadena de eventos que facilitaron el atentado. Vargas Cepeda fue el encargado de gestionar la compra del automotor, mientras que Galvis Gómez cumplió labores de vigilancia, logística y trámites de traspaso del vehículo, manteniendo pleno conocimiento de que sería utilizado para una finalidad ilícita en contra de la fuerza pública. Esta articulación fue clave para concretar el atentado en inmediaciones de Yopal.
Durante el proceso judicial, los sentenciados fueron hallados culpables de delitos graves como terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, rebelión, daño en bien ajeno agravado y lesiones personales. El material probatorio recopilado por el ente acusador fue determinante para que el juez emitiera el fallo condenatorio, subrayando la responsabilidad individual de cada implicado en la planificación y ejecución de la operación terrorista que afectó la tranquilidad de la región casanareña.
Esta sentencia representa un avance importante en la lucha institucional contra el ELN, enviando un mensaje claro sobre la aplicación de justicia frente a actos de violencia que atentan contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública. La Fiscalía continúa adelantando esfuerzos investigativos para desarticular por completo las estructuras logísticas de esta guerrilla en la zona, asegurando que quienes colaboran en la planeación de ataques terroristas enfrenten las consecuencias legales correspondientes ante los estrados.
El complejo militar fue objeto de un planeamiento criminal meticuloso que buscó causar el máximo daño posible mediante la adecuación técnica de la plataforma de lanzamiento. La desarticulación de esta célula y la posterior condena de sus integrantes es un reflejo de la capacidad investigativa del Estado para esclarecer hechos que impactan la seguridad nacional. La sentencia, dictada en primera instancia, reafirma el compromiso de las autoridades por combatir el terrorismo con estricto apego al ordenamiento jurídico colombiano.
La participación de Galvis Gómez en las actividades de vigilancia y su intervención en la documentación del vehículo evidenciaron el rol activo de las redes de apoyo al terrorismo. El tribunal valoró estos testimonios y evidencias documentales como pruebas irrefutables de la complicidad en el diseño de la acción terrorista. Con esta decisión, el sistema penal colombiano ratifica su postura de sancionar severamente no solo a quienes accionan los explosivos, sino también a quienes facilitan la infraestructura necesaria para ejecutarlos.
Los procesados permanecerán privados de la libertad en centros carcelarios mientras se resuelven los recursos de ley interpuestos por las defensas. La Fiscalía mantendrá el rigor investigativo para identificar a otros cabecillas o colaboradores que pudieron haber participado en la cadena de mando que permitió esta incursión violenta. La condena sirve como precedente fundamental para los procesos venideros, garantizando que el aparato de justicia actúe con celeridad frente a las amenazas de seguridad pública.
