La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, desarticuló una red de corrupción integrada por servidores públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los delincuentes aprovechaban sus cargos de control en la Seccional de La Guajira para ejecutar cobros extorsivos y facilitar el ingreso de mercancías ilegales al país. La ofensiva penal de la Delegada para las Finanzas Criminales busca sanear las instituciones estatales encargadas de la recaudación tributaria y blindar las fronteras contra el lavado de activos.
El primer eje de la investigación judicial puso al descubierto un entramado de presiones económicas ejercidas contra el sector privado de la región caribeña. Tres de los funcionarios procesados, identificados formalmente como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, lideraban las operaciones de chantaje. Los implicados coaccionaban de manera sistemática a la representante legal de una clínica de salud mental local, utilizando como pretexto supuestas inconsistencias contables halladas en auditorías previas de la entidad.
Los delincuentes exigían el pago en efectivo de una dádiva exacta de 100 millones de pesos colombianos para congelar los expedientes administrativos vigentes. Con esta millonaria suma, los funcionarios corruptos prometían archivar los procesos fiscales y evitar la imposición de multas institucionales que superaban los 1.500 millones de pesos. Los reportes forenses demuestran que las redes delictivas internas diseñaban auditorías falsas con el único propósito de infundir temor en los comerciantes formales y forzar el desembolso de los dineros.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la policía judicial indican que la empresaria se negó rotundamente a ceder ante las presiones económicas ilegales. Como retaliación burocrática por la falta de pago, los investigados ordenaron el embargo inmediato de las cuentas bancarias corporativas de la institución médica. Asimismo, la Fiscalía documentó la realización de 6 reuniones presenciales de carácter extorsivo, el envío de requerimientos abusivos reiterados y la expedición irregular de actos administrativos sancionatorios para asfixiar financieramente a la víctima.
Por otra parte, las autoridades identificaron las actividades criminales de un cuarto funcionario de la aduana, bautizado legalmente como Erwin Yasser Escudero Rondón. Este individuo desempeñaba un rol estratégico como informante de las principales organizaciones de contrabando que dinamizan el comercio ilegal sobre el corredor de la Troncal del Caribe. El servidor público alertaba anticipadamente a los transportadores mafiosos sobre la ubicación exacta de los retenes, permitiendo que los cargamentos de evasión eludieran los controles de la fuerza pública.
El rastreo técnico de las comunicaciones telefónicas del procesado evidenció su participación directa en al menos 7 eventos delictivos de alta complejidad aduanera. Escudero Rondón ordenaba la devolución ilegal de cargamentos que ya habían sido decomisados legítimamente por la Policía Fiscal y Aduanera en las carreteras guajiras. Para encubrir sus nexos, el operario coordinaba montajes operativos consistentes en falsas incautaciones de cigarrillos, alterando los libros de registro oficiales de la seccional para favorecer a las estructuras del narcotráfico.
Las capturas de los 4 implicados se hicieron efectivas mediante un asalto simultáneo de la Fiscalía en el casco urbano del municipio de Riohacha. Un juez de control de garantías legalizó los allanamientos y avaló la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato y cohecho propio. Ninguno de los exfuncionarios estatales aceptó los cargos formulados por el ente acusador, por lo que permanecerán cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad mientras avanza el juicio.
Los contundentes resultados judiciales reportados este 5 de junio de 2026 sientan un precedente ético para los cuerpos de inspección aduanera de la nación. La Dirección General de la DIAN anunció que intensificará las auditorías internas aleatorias en los puertos marítimos y pasos fronterizos de Cúcuta y Buenaventura. La erradicación de las mafias internas que facilitan el contrabando es un pilar fundamental en la estrategia nacional para estabilizar los recaudos fiscales y proteger el empleo de la industria manufacturera colombiana.
