La Policía Nacional entregó un informe oficial sobre el comportamiento ciudadano y los resultados de los dispositivos de control implementados durante la reciente jornada de votación presidencial. Las autoridades de la República calificaron como positivo el balance general en materia de convivencia y orden público, destacando el despliegue de las misiones de vigilancia perimetral en los diferentes municipios. El reporte técnico detalla las acciones ejecutadas por las unidades terrestres para garantizar el respeto por las garantías institucionales de los sufragantes.
En lo concerniente a las conductas que afectaron la transparencia de las urnas, las patrullas policiales materializaron la captura en flagrancia de cuatro personas por presuntos delitos electorales. Los procedimientos de detención se distribuyeron en los departamentos de Cesar, Guainía, Córdoba y Antioquia, donde los implicados incurrieron en misiones de perturbación al certamen democrático y voto fraudulento. Los procesados quedaron a disposición inmediata de los fiscales seccionales correspondientes para dar inicio a los trámites de judicialización bajo el sistema penal acusatorio.
Paralelamente, las agencias de investigación judicial mantuvieron activas las operaciones de control de la delincuencia común mediante la ejecución de las fases del denominado Plan Cazador. Este despliegue alterno de seguridad facilitó la captura de 87 personas que registraban órdenes judiciales vigentes en 61 municipios del país. Los requerimientos penales correspondían a expedientes acumulados por delitos graves como homicidio calificado, concierto para delinquir y agresiones de carácter sexual, impidiendo que los sospechosos se camuflaran entre los votantes de las veredas.
Uno de los golpes financieros más significativos contra las economías ilícitas subterráneas de la temporada se registró en el municipio de Cantagallo, Bolívar. Durante un puesto de control en las calzadas de acceso, las autoridades incautaron una suma superior a los 109 millones de pesos en efectivo y capturaron a un ciudadano implicado en el delito de lavado de activos. Las comisiones investigadoras analizan los elementos materiales probatorios para establecer si los fondos incautados pretendían ser inyectados en misiones informales de compra de votos.
En el ámbito de la convivencia en los centros urbanos, los cuadrantes policiales impusieron un total de 1.021 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a los reglamentos de policía local. La mayor parte de las infracciones administrativas se concentró en los sectores comerciales y residenciales de las ciudades de Bogotá, Cali y Villavicencio. Las sanciones se aplicaron principalmente por la violación a las restricciones decretadas por las alcaldías, incluyendo el expendio informal de bebidas embriagantes durante la ley seca.
El procesamiento de las alertas y quejas ciudadanas se canalizó de manera eficaz a través del entramado de plataformas informáticas y líneas telefónicas del sector defensa. Las capacidades tecnológicas permitieron la recepción y verificación oportuna de 81 reportes específicos sobre presuntas irregularidades electorales transmitidos mediante el sistema URIEL. Asimismo, la Línea Anticorrupción 157 procesó un consolidado exacto de 66 llamadas de denuncia confidencial, facilitando la activación de misiones de inspección por los peritos en las mesas.
Tras la clausura material de las mallas de sufragio y el conteo de los tarjetones, se reportaron aglomeraciones y manifestaciones públicas en Bogotá y en otros 82 municipios de las provincias. El contingente del Servicio de Policía acompañó de forma preventiva los recorridos de las diferentes facciones partidistas para garantizar el libre ejercicio de los derechos civiles. No obstante, en cuatro eventos localizados en Cali y en el distrito capital, los comités de mediación agotaron el diálogo y requirieron la intervención de las fuerzas de control.
La actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en los disturbios periféricos dejó como saldo la captura de dos personas acusadas del delito de daño en bien ajeno. Las autoridades informaron igualmente que cuatro uniformados adscritos a los cuadrantes sufrieron lesiones personales durante las misiones de despeje de las calzadas principales. El Jefe Nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, ratificó que las tropas permanecerán custodiando las sedes de la Registraduría hasta el cierre definitivo de los escrutinios de 2026.
