La Fiscalía General de la Nación, en una acción coordinada con los cuerpos de inteligencia militar, propinó un golpe a las redes operativas de las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en estrecha articulación con el Gaula Militar y tropas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, ejecutaron cinco diligencias simultáneas de registro y allanamiento en el departamento del Magdalena. Los procedimientos judiciales, oficializados el 12 de junio de 2026, se concentraron en áreas residenciales del casco urbano de la capital de la provincia.
Las intervenciones tácticas se localizaron específicamente en el barrio 11 de Noviembre de la ciudad de Santa Marta. Los objetivos prioritarios de los allanamientos consistían en desarticular los componentes armados y de soporte logístico que sostienen las finanzas de esta organización criminal en el litoral Caribe. De acuerdo con las auditorías de seguridad, las viviendas afectadas funcionaban como centros de acopio y planificación para la comisión de delitos de alto impacto, entre los que sobresalen extorsiones a comerciantes, secuestros extorsivos, homicidios selectivos y tráfico local de estupefacientes.
Durante los registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad conjuntas detectaron, identificaron e inhabilitaron un complejo circuito cerrado de videovigilancia de carácter clandestino. La organización delincuencial había instalado estratégicamente este sistema tecnológico en los entornos comunales con el propósito de alertar de forma anticipada sobre los movimientos de patrullas de la Policía y el Ejército. La red de monitoreo ilegal estaba compuesta por cámaras fijas de alta resolución, vehículos aéreos no tripulados tipo dron y diversos dispositivos receptores de señales electrónicas.
En los inmuebles registrados, los peritos judiciales incautaron un arsenal compuesto por 4 fusiles de guerra, un rifle de precisión, un arma traumática modificada y 4 miras telescópicas de largo alcance. Asimismo, los agentes recolectaron libretas de anotaciones y documentos contables con información altamente relevante para el desarrollo de las indagaciones penales en curso. El material de guerra y las evidencias documentales quedaron bajo estrictos protocolos de cadena de custodia para evitar la contaminación de las pruebas que serán presentadas ante los tribunales de la República.
Un fiscal adscrito al Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumió la dirección jurídica del caso tras la culminación de los operativos en los barrios samarios. El funcionario judicial presentó los resultados de los allanamientos ante un juez de control de garantías, obteniendo el aval legal correspondiente sobre la legalidad de los procedimientos y las incautaciones físicas logradas. Los defensores públicos supervisaron que las capturas y registros respetaran las garantías fundamentales consagradas en el Código de Procedimiento Penal colombiano.
Los analistas en seguridad regional consideran que el desmantelamiento de las redes de vigilancia privadas disminuye significativamente la capacidad de control territorial del grupo al margen de la ley. La incautación de fusiles y miras telescópicas de alta gama neutraliza de forma temporal los planes de expansión del ala sicarial en los corregimientos periféricos de la Sierra Nevada. Al recuperar el control tecnológico de las zonas urbanas, el Estado colombiano robustece la confianza de los gremios turísticos y comerciales afectados por las presiones económicas.
La planeación y ejecución de estos allanamientos responde a las metas de reducción de la criminalidad organizada trazadas por el Ministerio de Defensa para las áreas costeras del norte del país. La articulación permanente entre el brazo investigativo de la Fiscalía y las fuerzas de despliegue rápido del Ejército Nacional optimiza los tiempos de judicialización de los actores armados. Los comités locales de orden público anunciaron un incremento en los patrullajes perimetrales en las comunas vecinas para prevenir posibles retaliaciones violentas contra los líderes comunitarios.
La publicación de estos balances operativos de 2026 obedece a criterios de interés general y transparencia informativa sobre las acciones estatales en el combate de las economías ilícitas. Las conclusiones técnicas derivadas del análisis de las libretas de contabilidad incautadas servirán para orientar las futuras órdenes de captura contra los cabecillas de las finanzas de la estructura criminal. La Fiscalía General de la Nación mantendrá las mesas técnicas de seguimiento judicial en el departamento del Magdalena hasta asegurar el restablecimiento pleno de la tranquilidad pública.
