Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó este martes 23 de junio de 2026 su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir agravados, en el marco del mayor escándalo de corrupción registrado en la actual administración del país. La aceptación se formalizó durante la audiencia de verificación de allanamiento a cargos celebrada en Bogotá, poniendo fin a una larga cadena de negociaciones fallidas con la Fiscalía General de la Nación.
La aceptación de cargos se convirtió en el último recurso del exdirector para intentar reducir su condena, luego de que la justicia rechazara en dos ocasiones los preacuerdos que había alcanzado con la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá encontró múltiples inconsistencias en los acuerdos: errores en el cálculo de las penas, falta de claridad sobre la cantidad de delitos cometidos y contradicciones frente a los montos de dinero que debían ser restituidos al Estado. Esos tropiezos procesales obligaron al exfuncionario a replantear su estrategia jurídica.
El Tribunal identificó que el ente acusador imputó incorrectamente los delitos, lo que habría derivado en un mal cálculo de la cantidad de dinero que Olmedo López debía devolver como reparación. A lo largo del proceso, la Fiscalía manejó cifras inconsistentes sobre los montos apropiados en favor de terceros, lo que minó la solidez de los acuerdos ante los jueces y terminó por derrumbar los dos preacuerdos suscritos. El juez avaló este martes el allanamiento a cargos, y la sentencia será emitida el 7 de septiembre y podría oscilar entre los 5 y los 7 años de prisión y una multa aproximada de $14.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, López habría recibido una dádiva de $724 millones y permitido que terceros se apoderaran de $13.340 millones. También se le señala de orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023 para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los $29.000 millones, con una apropiación por parte del contratista de $11.114 millones. Esos carrotanques debían abastecer de agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira, un departamento históricamente golpeado por la escasez hídrica.
Durante la audiencia, López insistió en que su decisión no respondía a un cálculo jurídico de último momento. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó el exfuncionario ante el despacho judicial. La defensa recordó que la colaboración con la justicia no comenzó con el allanamiento a cargos ni con las negociaciones fallidas, sino que el exdirector venía cooperando desde antes de la imputación, cuando pidió ser escuchado por las autoridades, rindió interrogatorios y entregó información relevante para las diferentes líneas de investigación.
De acuerdo con sus abogados, López aportó documentos, evidencia digital y otros elementos materiales probatorios, compareció tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Suprema de Justicia, pidió perdón públicamente, realizó actos de reparación y manifestó de manera reiterada su voluntad de aceptar responsabilidad por los hechos. López mantiene además un principio de oportunidad parcial con la Fiscalía por su colaboración y delación, lo que lo libra de ir a prisión por otros delitos específicos.
Desde que decidió colaborar con las autoridades, López se convirtió en uno de los principales testigos tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, que ya acusó a cinco congresistas y a un excongresista por cohecho, por su presunto rol en el entramado. Sus declaraciones también salpicaron a exfuncionarios del Gobierno, como los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, y a quienes fueron las cabezas del Dapre y de Función Pública, Carlos Ramón González y César Manrique.
Con la aceptación formal de cargos, el proceso judicial entra en su recta final. La sentencia del 7 de septiembre definirá la condena que deberá cumplir el exdirector de la UNGRD, en un caso que destapó cómo recursos públicos destinados a atender emergencias y garantizar agua a los más vulnerables del país fueron desviados para financiar apoyos políticos en el Congreso de la República. El desenlace de este proceso será una prueba concreta de la capacidad del sistema judicial colombiano para sancionar con contundencia los delitos de corrupción que erosionan la confianza ciudadana en el Estado.
