La Fuerza Pública de Colombia consolidó este 7 de junio de 2026 una fuerte ofensiva operacional en los municipios que integran el nordeste antioqueño. Las instituciones armadas del Estado mantienen un despliegue de control territorial permanente para contrarrestar de forma directa el accionar de grupos ilegales organizados. Las acciones estatales van dirigidas específicamente a neutralizar a los cabecillas, integrantes y cuerpos de sicarios pertenecientes a la estructura armada ilegal autodenominada como frente 36.
Los comandantes de las unidades militares encargadas de la seguridad territorial confirmaron la vigencia de importantes estímulos económicos para recolectar información relevante del grupo. El plan institucional busca dar con el paradero de los señalados torturadores y asesinos de trabajadores del campo y profesionales del periodismo. Las autoridades ofrecen una recompensa exacta de hasta $640 millones por datos ciertos que permitan ubicar y capturar formalmente al cabecilla principal alias “Primo Gay”.
El programa de recompensas de los cuerpos de inteligencia militar también contempla un monto específico de 500 millones de pesos en contra de alias “Chalá”. Los delincuentes identificados con estos alias son catalogados como los principales dinamizadores de la violencia rural y la extorsión comercial en el departamento. Las investigaciones judiciales en curso los vinculan directamente con múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados contra las poblaciones de los corregimientos andinos.
Las agencias del orden nacional recordaron que existen incentivos económicos similares para perseguir a los mandos medios encargados de coordinar las finanzas criminales. La ofensiva unificada busca debilitar la capacidad logística de los frentes armados que sabotean constantemente los sistemas productivos tradicionales de la región. El control operativo de los corredores viales rurales constituye un objetivo estratégico fundamental para devolver la tranquilidad económica a todos los productores locales.
Los organismos estatales habilitaron canales de comunicación especiales para facilitar la recepción de las denuncias comunitarias de forma segura, garantizando una absoluta reserva ciudadana. El número telefónico directo fijado por los investigadores judiciales para reportar cualquier anomalía o ubicación delictiva corresponde a la línea celular 314 358 7212. Las bases informativas de los comandos de policía también recibirán reportes específicos a través de las marcaciones telefónicas 107 y 157.
Las acciones contra la extorsión carcelaria y el secuestro extorsivo en los municipios afectados recibirán el soporte operativo directo de las delegaciones especializadas del GAULA. Los ciudadanos que sufran intimidaciones socioeconómicas por parte de los milicianos del frente 36 disponen de acceso inmediato a los números gratuitos 147 y 165. Estos escuadrones de choque mantienen estaciones permanentes en el nordeste antioqueño para procesar los casos técnicos bajo estrictos protocolos.
La estrategia preventiva institucional contempla herramientas para contrarrestar la instrumentalización de menores de edad en el conflicto interno de las regiones periféricas del departamento. El reclutamiento forzado infantil podrá ser denunciado de manera inmediata mediante el uso de la línea especial de atención nacional número 141. Las comisiones de protección social recordaron que apartar a la juventud de las redes del sicariato resulta indispensable para estabilizar el territorio.
El comando unificado de las Fuerzas Militares mantendrá el patrullaje de las áreas montañosas para neutralizar los laboratorios destinados al procesamiento de sustancias ilícitas. La desarticulación financiera de estas redes criminales rurales limitará el poder de fuego de los grupos armados ilegales que azotan el nordeste del país. Por medio de esta intervención masiva, el Estado colombiano busca restablecer la seguridad jurídica y la convivencia ciudadana en las zonas afectadas.
