La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) oficializó el Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores y Gestores Comunitarios mediante la Resolución 1038 del 30 de junio de 2026. Esta normativa busca cerrar brechas históricas al reconocer las particularidades sociales y económicas de quienes garantizan el acceso al agua en municipios pequeños y zonas rurales dispersas. La medida impacta positivamente a más de 16,5 millones de habitantes, de los cuales cerca del 24% se encuentra en el sector rural.
Con esta expedición, la CRA culmina la actualización de las metodologías tarifarias para el país, las cuales estarán vigentes durante los próximos cinco años. Previamente, en marzo de 2026, se había adoptado el marco para grandes prestadores, cubriendo a más de 30 millones de usuarios. Ahora, con la inclusión de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, el modelo regulatorio se vuelve totalmente incluyente, abarcando la totalidad de la población colombiana bajo criterios diferenciales y equitativos.
La nueva metodología aplica a todos los prestadores que atienden hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas, además de la totalidad de los proveedores de servicios en zonas rurales, independientemente de su tamaño. Asimismo, se integran formalmente los gestores comunitarios, cuyas labores de suministro de agua han sido fundamentales históricamente en territorios apartados. El marco regulatorio valora estas diversas formas de prestación y fortalece el ejercicio del Derecho Humano al Agua mediante condiciones de sostenibilidad financiera y técnica.
El desarrollo de esta regulación fue el resultado de un riguroso trabajo interdisciplinario que involucró al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos. Los estudios técnicos y los amplios procesos de participación ciudadana permitieron definir estándares, incentivos y metas de gestión diferenciados, flexibles y progresivos, que facilitan el fortalecimiento organizacional y operativo de los acueductos comunitarios y pequeños operadores.
Un componente central de esta resolución es el reconocimiento explícito de las condiciones de vulnerabilidad hídrica y socioeconómica en ciertos territorios. La norma contempla incentivos para municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los declarados como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), donde existen retos estructurales para garantizar la continuidad del servicio. Estos lineamientos se alinean con la Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua, otorgando un marco jurídico claro para su labor.
Además de la fijación de tarifas, la metodología incorpora herramientas para promover el uso eficiente y el ahorro del recurso hídrico, incentivos para la reducción de pérdidas técnicas y el fortalecimiento de la gestión del riesgo. También se introdujeron esquemas para remunerar inversiones ambientales que buscan la adaptación al cambio climático, reconociendo que los prestadores rurales y comunitarios juegan un papel clave en la protección de las cuencas que abastecen a sus comunidades.
La implementación de este modelo busca que la prestación de los servicios no solo sea eficiente, sino que promueva la justicia social en el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Al definir estándares sencillos de aplicar y esquemas adaptados a las capacidades organizativas de los gestores, la CRA facilita la formalización y mejora el rendimiento técnico y financiero de los sistemas de agua. De esta manera, se blinda el servicio frente a las debilidades operativas que han afectado históricamente a los sistemas más pequeños.
Este conjunto de disposiciones marca un hito en la regulación del sector al consolidar un enfoque territorial y diferencial. La normativa expedida asegura que la prestación de acueducto y alcantarillado en la ruralidad y los municipios pequeños cuente con un respaldo técnico que fomente el bienestar de las familias beneficiarias. Con este avance, el país reafirma su compromiso con la prestación sostenible de servicios esenciales, cerrando el ciclo de renovación regulatoria para los próximos años en todo el territorio.
