El Gobierno Nacional presentó una reforma integral para actualizar la regulación del servicio de taxis en Colombia. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Transporte, busca eliminar barreras burocráticas e incorporar nuevas dinámicas tecnológicas y de sostenibilidad en el sector. Con estas medidas, las autoridades pretenden dignificar las condiciones laborales de los conductores de opinión y garantizar una prestación de servicio eficiente y transparente para millones de usuarios residenciales en las ciudades del país.
Uno de los ejes centrales del nuevo decreto radica en acelerar la transición energética de los automóviles de servicio público individual. La normativa establece que los procesos de reposición vehicular deberán realizarse exclusivamente mediante la incorporación de modelos eléctricos de cero emisiones. Esta directriz técnica pretende renovar de forma progresiva la flota nacional actual, contribuyendo de manera directa a los objetivos estatales de mitigación de gases contaminantes y desarrollo urbano sostenible en las provincias.
Asimismo, la reforma contempla importantes alivios administrativos para facilitar la conectividad y movilidad de los transportadores en áreas de conurbación regional. Los conductores independientes podrán prestar sus servicios entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar de forma presencial la tradicional Planilla Única de Viaje Ocasional. Esta exención operará de manera regular, salvo en aquellos perímetros donde los peritos de tránsito demuestren técnicamente que existen desequilibrios severos en la oferta local.
Por otra parte, las empresas de transporte tendrán la obligación de ampliar la cobertura de operación hacia los aeropuertos que sirven a capitales departamentales. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, defendió la pertinencia de las modificaciones argumentando que la legislación requería ponerse al día con las demandas reales de los usuarios urbanos. Eliminar estas restricciones logísticas innecesarias dinamiza el turismo y provee un marco de transparencia contractual que beneficia directamente la competitividad mercantil de la nación.
En materia de garantías económicas para los propietarios, el decreto prohíbe taxativamente la exigencia del paz y salvo empresarial como requisito obligatorio para adelantar trámites. Las compañías operadoras no podrán imponer cobros abusivos asociados a la desvinculación de automóviles, expedición de tarjetas de funcionamiento o planillas ocasionales de viaje. Adicionalmente, los administradores corporativos tendrán el deber legal de suministrar mensualmente extractos financieros detallados y totalmente gratuitos a cada afiliado del sector.
En lo concerniente a la protección patrimonial ante contingencias de orden público, la norma amplía de uno a cinco años el plazo límite para reponer rodantes. Este beneficio cobijará a los dueños cuyos vehículos hayan sido objeto de hurto calificado, pérdida total, destrucción accidental o desintegración física en las vías. Dotar a los pequeños transportadores de mayor tiempo para reactivar su capital previene la quiebra económica de los hogares y estabiliza el mercado de transporte en la actual temporada de 2026.
La reforma también introduce un fuerte componente de equidad social que favorece la inclusión de los conductores no propietarios en los perímetros urbanos. Durante las convocatorias públicas para la asignación de nuevas matrículas oficiales, los trabajadores acumularán puntajes adicionales verificables por cada año de antigüedad demostrado en el oficio. Esta regla metodológica amplía sus posibilidades reales de acceder de forma autónoma a un patrimonio propio, cerrando las brechas de segregación laboral crónicas de los gremios.
Finalmente, el decreto extiende de uno a dos años la vigencia de la tarjeta de operación y ordena ciclos formativos obligatorios para las tripulaciones. Los cursos dictados por las escuelas certificadas abordarán componentes esenciales de atención al usuario, prevención de violencias de género, seguridad vial y resolución pacífica de conflictos comunitarios. El borrador del documento permanece publicado en los portales informáticos institucionales del ministerio para recibir sugerencias escritas de la ciudadanía antes de su promulgación ejecutiva definitiva.
