Un video grabado por vecinos del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá, encendió las alarmas en Colombia desde la tarde del domingo 14 de junio. Las imágenes mostraban a un ciudadano estadounidense en el balcón de un apartamento del edificio Niido junto a un menor de edad. La comunidad alertó a las autoridades convencida de que se trataba de un caso de abuso sexual contra el niño.
El señalado fue identificado como un ciudadano de nacionalidad estadounidense procedente de Texas, quien se encontraba en Bogotá adelantando un proceso de adopción de tres menores de 4, 7 y 15 años a través de una entidad especializada denominada IAPAS, habilitada para gestionar adopciones internacionales. La Policía lo detuvo de inmediato y se activaron los protocolos de la Fiscalía, el ICBF y la Procuraduría. El caso generó una ola de indignación nacional en cuestión de horas.
Tras su captura, el extranjero fue llevado a audiencia el lunes 15 de junio y no se le imputó ninguna conducta. Quedó en libertad en las primeras horas de la madrugada del martes 16 de junio. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que los exámenes de Medicina Legal no hallaron indicios de violencia sexual física contra ninguno de los tres menores que estaban en el apartamento. Los resultados continúan bajo reserva y análisis de la Fiscalía.
Las entrevistas forenses realizadas a los niños arrojaron un resultado negativo frente a posibles hechos de abuso. El menor manifestó que se había molestado por un juguete y que el hombre al que identifica como su padre lo llevaba al balcón para ayudarlo a calmarse. Esa versión, entregada a las autoridades el lunes 15 de junio, resultó determinante para que la Fiscalía no formulara cargos contra el ciudadano extranjero durante la audiencia.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, declaró que la pareja de adoptantes había ingresado al país el 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado y se encontraba en la última etapa, ya final, del proceso de adopción de los tres hermanos. El ICBF precisó además que los tres menores habían ingresado al sistema de protección en 2022 y que un juez de familia avaló su declaratoria de adoptabilidad. El proceso de adopción llevaba cerca de 3 años.
La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación especial para verificar cómo se desarrolló el proceso de adopción. Designó una agencia especializada en asuntos de familia para examinar la intervención de las IAPAS y evaluará también la actuación de los defensores de familia y demás funcionarios involucrados en el restablecimiento de derechos de los menores. La Procuraduría recordó que el ICBF sigue siendo el ente rector del sistema de adopciones y tiene obligación de supervisar a las IAPAS, incluso cuando el trámite lo gestione una entidad privada.
El presidente Gustavo Petro se pronunció la noche del lunes 15 de junio a través de su cuenta en X, señalando que el ciudadano estadounidense al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia y que la confusión se originó porque lo sacó al balcón tras un episodio de atoramiento por comida. La directora del ICBF aclaró que ese escenario específico no estaba del todo confirmado, aunque sí descartó categóricamente la violencia sexual.
Los tres menores quedaron bajo protección integral del ICBF con acompañamiento médico, psicológico y jurídico mientras avanzan las investigaciones. El caso cerró su primer capítulo con un hombre libre y sin cargos, pero abrió uno más profundo: los vacíos del sistema de adopciones internacional en Colombia quedaron expuestos ante el país. La pregunta que persiste no es solo qué pasó en ese balcón, sino quién vigila realmente los procesos que ponen niños en manos de extranjeros.
