La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, tras demostrarse su responsabilidad en un cobro irregular a una ciudadana. El Ministerio Público dictó una inhabilidad general de cinco años para el ejercicio de funciones públicas y le impuso una sanción económica equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos para el año 2021. La decisión ratifica el compromiso de la entidad de control con la transparencia de los funcionarios en el exterior.
El proceso disciplinario demostró que el 14 de junio de 2021 el investigado, quien actuaba como un particular en ejercicio de funciones públicas, coordinó y orientó un trámite de autenticación de firma solicitado por una connacional ante las autoridades locales italianas. Al término de la diligencia notarial, Lusena exigió y recibió de manera directa la suma de 70 euros por la gestión. Este recaudo monetario se realizó de forma ilegal, toda vez que el funcionario carecía de facultades regulatorias para cobrar por dicho soporte legal.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 determinó en su análisis técnico que el disciplinado aprovechó su investidura diplomática para dar apariencia institucional a un trámite que por ley debía ser completamente gratuito. Con esta acción, el cónsul desconoció la naturaleza estrictamente ad honórem de su cargo, la cual prohíbe percibir cualquier tipo de estipendio o remuneración por las asesorías prestadas. La conducta vulneró los principios de moralidad y legalidad que rigen el correcto funcionamiento de la administración pública.
El ente de control calificó de manera definitiva la falta cometida por Gianni Lusena como gravísima a título de dolo, argumentando el conocimiento pleno que tenía el funcionario sobre la prohibición de exigir prebendas económicas. Tras la notificación oficial del fallo de primera instancia, los sujetos procesales y la defensa del implicado disponen de los términos legales vigentes para interponer el recurso de apelación. Dicha reclamación será evaluada y resuelta en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.
Este fallo sienta un precedente para el cuerpo diplomático y los consulados honorarios que representan al país, figuras que suelen ser ejercidas por ciudadanos extranjeros o particulares con arraigo comercial en el exterior. La Cancillería colombiana mantiene estrictos manuales donde se detalla que estas oficinas auxiliares no pueden realizar cobros por fuera de los aranceles consulares autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las quejas ciudadanas en Europa han permitido encauzar las auditorías hacia estas delegaciones de apoyo.
Las agencias de control recordaron que todos los servicios de asistencia humanitaria, orientación jurídica básica y trámites notariales de carácter social dirigidos a la población migrante vulnerable no generan costos adicionales en las sedes acreditadas. Las víctimas de abusos tarifarios en el extranjero cuentan con canales digitales específicos provistos por la Procuraduría para radicar denuncias de forma reservada. Con esto se busca evitar el cobro de comisiones ilegales camufladas como supuestos gastos operativos locales.
El recaudo de los 30 salarios mínimos impuestos como multa deberá hacerse efectivo ante las dependencias financieras del Ministerio Público una vez la sentencia quede debidamente ejecutoriada y en firme. De no apelarse la decisión, el reporte de inhabilidad se cargará de manera inmediata en el sistema unificado de antecedentes disciplinarios de la nación, restringiendo cualquier vinculación contractual posterior del sancionado. La Cancillería deberá proceder con la remoción definitiva del cargo en la ciudad de Florencia.
La resolución de este caso resalta la importancia de la veeduría ciudadana ejercida por los colombianos residentes en el exterior para frenar malas prácticas en los consulados de nicho. Mientras el proceso avanza hacia la revisión de la Sala Disciplinaria, las autoridades consulares en Italia refuerzan la pedagogía sobre la gratuidad de los trámites en sus plataformas informativas. La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá una estricta vigilancia sobre las conductas de los particulares que administran recursos o funciones estatales en cualquier parte del mundo.
