La Policía Nacional, mediante un riguroso despliegue de sus unidades de inteligencia e investigación criminal, propinó un golpe contundente a las redes de las disidencias en el sur del país. El operativo oficial permitió afectar de forma directa la línea de mando del frente Hernando González Acosta, estructura perteneciente al bloque central Isaías Pardo. Las acciones de las autoridades civiles y uniformadas se concentraron en localizar a los determinadores de acciones terroristas que alteraban la tranquilidad en los municipios del departamento del Huila.
“Hoy podemos decirle a la familia de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy que cumplimos. Cumplimos con la promesa de capturar a los responsables de este doloroso crimen”, manifestó el general William Rincón Zambrano, director general de la institución armada. El alto oficial enfatizó que los procesados deberán responder ante los jueces por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y actos de terrorismo, ratificando el compromiso institucional de no dejar ningún ataque contra la fuerza pública en la impunidad.
Los peritos judiciales hicieron efectivas las órdenes de captura contra alias Hernán, señalado como coordinador logístico y experto explosivista de la red de apoyo, y alias Rambo, integrante del brazo sicarial. Las pruebas recopiladas los señalan como los autores materiales del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela. El crimen ocurrió el 9 de diciembre de 2025 en la vereda Alto Cañada de la localidad de La Plata, Huila, mientras la uniformada disfrutaba de sus vacaciones e iba al colegio con su hijo.
Las investigaciones técnicas determinaron que alias Hernán registraba una trayectoria criminal superior a los 2 años dentro de la organización ilegal. El procesado había sido designado directamente por alias Bleiner García, cabecilla principal del frente, para liderar las redes de apoyo urbano orientadas a la ejecución de homicidios selectivos. El detenido asumía las funciones de abastecimiento bélico y coordinación logística, facilitando el alojamiento y la movilidad de los combatientes en las municipalidades de La Plata, Nátaga y La Argentina.
El material probatorio recaudado por la fiscalía general incluye seguimientos electrónicos, interceptaciones telefónicas autorizadas y testimonios de fuentes humanas de alta fidelidad. Estas herramientas técnico-científicas permitieron reconstruir los movimientos de los sicarios antes del atentado que costó la vida de la funcionaria policial. Las autoridades verifican si el armamento incautado durante los allanamientos coincide con las ojivas recuperadas por los médicos forenses de Medicina Legal en las labores de necropsia del año anterior.
La captura de estos presuntos dinamizadores del terrorismo en elHuila alivia las presiones delictivas que soportaban los comerciantes y transportadores del sector rural. La banda empleaba las finanzas derivadas de las extorsiones para adquirir material de guerra y explosivos destinados a sabotear la infraestructura vial de la provincia. La desactivación de este brazo logístico debilita las comunicaciones internas de las disidencias, facilitando el avance de las patrullas de alta montaña en los corredores fronterizos con el departamento del Cauca.
La institución armada reiteró el llamado a la población civil para que continúe suministrando información oportuna que conduzca a la neutralización de los reductos criminales remanentes. Las líneas de emergencia y los programas de recompensas pecuniarias se mantendrán activos en los cascos urbanos para garantizar la protección de los ciudadanos cooperantes. La articulación con el ejército nacional intensificará los registros viales preventivos durante la presente temporada de vacaciones, cerrando el paso a posibles planes de retaliación por parte de la estructura.
Finalizando la presentación del balance judicial, la Policía Nacional reafirmó el profesionalismo y rigor técnico empleado por sus agentes en la resolución de este sensible caso penal. Las audiencias de legalización de captura y formulación de cargos avanzarán en los despachos judiciales especializados para asegurar una condena ejemplar contra los responsables. Con este resultado operacional, el Estado colombiano demuestra su capacidad de respuesta frente a las agresiones contra sus servidores, asegurando que el imperio de la ley prevalecerá en el suroccidente.
