Colombia lleva meses escuchando a un abogado penalista hablar de patria con una intensidad que incomoda a unos y entusiasma a otros. Abelardo de la Espriella, conocido durante años por defender causas imposibles en los tribunales, decidió que su siguiente causa sería el país entero. Su programa de gobierno, titulado El Milagro de ‘Los Nunca’, es un documento de 113 páginas que no se parece a ningún plan de gobierno convencional: es parte manifiesto moral, parte propuesta técnica y parte declaración de guerra contra lo que él llama la hora más oscura de Colombia.
Para acompañarlo en esa batalla escogió a José Manuel Restrepo, economista, exministro de Hacienda y exrector universitario, cuyo perfil contrasta deliberadamente con el del candidato. Donde De la Espriella es tribuno y abogado de instinto combativo, Restrepo es el hombre de los números, las reformas estructurales y la credibilidad tecnocrática. El propio programa lo reconoce sin rodeos: como empresario con fórmula vicepresidencial economista, saben que hay que administrar con miras a la gestión por resultados. Es una dupla construida para gobernar, no solo para ganar.
El nombre del programa no es retórica vacía. “Los nunca” es la identidad que De la Espriella reivindica como sello político: los que nunca se han robado un peso, los que nunca han mentido al pueblo, los que nunca han pedido nada regalado. Sobre esa premisa moral levanta toda su arquitectura programática, posicionándose en un espacio que no es la derecha tradicional que saqueó instituciones durante décadas ni la izquierda ideológica que, según el documento, ha intentado convertir a Colombia en un experimento autoritario de consecuencias impredecibles.
El programa no llega solo con diagnóstico. Llega con doce milagros sectoriales —seguridad, salud, campo, energía, educación, cultura, medioambiente y hasta gaming— estructurados sobre pilares fundacionales que hablan de movimiento popular, patriotismo constitucional y defensa expresa de la Constitución de 1991 frente a lo que el texto describe como una ofensiva constituyente en curso. El candidato es explícito al señalar a sus adversarios: el Pacto Histórico, Iván Cepeda como su expresión para 2026, y el establecimiento corrupto que preparó el terreno para la crisis actual.
Lo que diferencia este documento de otros programas de campaña es su tono. No habla como un formulario de política pública ni como un catálogo de promesas ordenadas por ministerio. Habla como quien está convencido de que Colombia está ante una encrucijada histórica real, no administrativa. Cada pilar arranca con un diagnóstico descarnado, continúa con cifras concretas y cierra con compromisos medibles. Hay ambición en las metas: 1 millón de nuevas hectáreas productivas, hasta $10 billones para salvar el sistema de salud en 90 días, cero pacientes sin medicamentos y Colombia como hub gamer de América Latina.
Lo que el país tendrá que juzgar en los meses que siguen es si esa combinación de épica patriótica y propuesta técnica logra traducirse en una fuerza electoral real. De la Espriella apuesta a que existe una Colombia silenciosa, cansada del caos y harta tanto de la corrupción tradicional como de la experimentación ideológica, que está esperando exactamente este tipo de convocatoria. Su programa no pide administrar la decadencia. Pide derrotarla. Lo que sigue es un análisis de los seis ejes más reveladores de lo que propone esta candidatura para gobernar el país.
Seguridad: control territorial y cero tolerancia al crimen
El pilar de seguridad es uno de los más extensos del programa. De la Espriella parte de un diagnóstico sin eufemismos: Colombia enfrenta más de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales con un crecimiento aproximado del 23,5 %, mientras el Estado ha oscilado entre la indecisión y la tolerancia disfrazada de diálogo. La llamada Paz Total, afirma el documento, no fue una política de paz sino la coartada ideológica para paralizar al Estado y desmoralizar a la Fuerza Pública colombiana.
La doctrina de seguridad propuesta se llama control territorial focalizado, sostenido y secuencial: recuperación, consolidación y permanencia institucional. Se crearán comandos conjuntos operacionales en regiones decisivas donde confluyen narcotráfico, minería ilegal y baja presencia estatal. El candidato promete que el territorio recuperado no volverá a ser abandonado. La premisa es clara: en Colombia solo mandará el Estado, no las mafias ni los ejércitos privados del crimen organizado que hoy dominan amplias zonas.
Uno de los compromisos más concretos es la creación del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión. El programa justifica esta medida con datos contundentes: solo en 2025 se registraron 12.180 casos de extorsión y 651 secuestros, de los cuales 477 fueron extorsivos. El candidato también anuncia un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción. Ambas estructuras funcionarían como unidades de choque institucional para atacar los dos males que el programa identifica como sistémicos y estructurales en el Estado colombiano.
Frente al narcotráfico, el programa adopta una posición que rompe radicalmente con la Paz Total: volver a todas las formas de erradicación de coca, incluyendo fumigación aérea, sustitución manual, destrucción de laboratorios, interdicción en corredores estratégicos y extradición de cabecillas a la mayor brevedad. Colombia llegó a 330.000 hectáreas de coca y a una producción potencial superior a 3.000 toneladas de cocaína. El programa no contempla negociación con estructuras que controlan ese negocio criminal.
La minería ilegal también recibe tratamiento de amenaza de seguridad nacional. El documento reporta más de 94.000 hectáreas arrasadas, más de 1.120 ríos contaminados y 2.293 puntos de extracción ilícita distribuidos en cientos de municipios. La propuesta incluye trazabilidad del mineral, destrucción de maquinaria criminal, persecución del lavado y recuperación ambiental. Sin embargo, distingue con claridad entre minería criminal y mineros tradicionales, a quienes promete reconocer, proteger e integrar formalmente al aparato productivo nacional.
El contrabando también figura como asunto de seguridad económica: el programa lo estima en USD 7.414 millones equivalentes a cerca de $24,7 billones, con una pérdida fiscal aproximada de $8,1 billones. Para las ciudades, la propuesta plantea combinar inteligencia anticipativa, investigación criminal y operaciones focalizadas para desmantelar el microtráfico, identificado no como venta menuda sino como control territorial barrial, sicariato y puerta de entrada al crimen organizado para miles de jóvenes colombianos sin alternativas reales.
Salud: plan de salvamento y cero pacientes sin medicamentos
El diagnóstico sobre salud en el programa es de urgencia humanitaria. De la Espriella sostiene que Colombia no vive simplemente una crisis del sistema sino una crisis provocada por destrucción intencional. Las cifras son estremecedoras: la deuda vencida del sistema ronda entre $20 y $27 billones, la cartera con hospitales y clínicas está en $24 billones, y en 2025 cerca de 25 millones de colombianos, es decir 6 de cada 10, estaban afiliados a EPS intervenidas con resultados que empeoraron tras la intervención.
El primer acto de gobierno en salud será un Plan de Salvamento de 90 días con una inyección inmediata de hasta $10 billones para detener el colapso financiero, restablecer el flujo de recursos y garantizar que hospitales y clínicas puedan seguir atendiendo pacientes. El programa establece un orden claro: primero liquidez para nóminas atrasadas, luego medicamentos represados, atención prioritaria a pacientes de alto costo, restauración del flujo de UPC y fortalecimiento inmediato de entidades como INVIMA, ADRES y Supersalud.
Uno de los compromisos más concretos es la garantía de cero pacientes sin medicamentos formulados. El programa revela que entre el 60 % y el 80 % de los pacientes no recibió oportunamente sus medicamentos, que a septiembre de 2025 se identificaban 584 referencias no entregadas y que el 61 % de los pacientes tuvo que comprar de su bolsillo medicamentos que el sistema debía suministrar. Solo por falta de medicamentos se registraron cerca de 685.000 reclamos con un promedio de 1.600 quejas diarias durante ese período.
Para estabilizar el financiamiento, la propuesta contempla instalar desde la primera semana una Mesa Técnica Nacional de UPC para recalcular en 60 días la suficiencia real de la prima y corregir el desfinanciamiento estructural. El ajuste de UPC para 2025 fue de apenas 5,36 % cuando el sistema requería alrededor del 17 %, dejando un déficit técnico de $9,2 billones. Los Presupuestos Máximos para tecnologías no PBS quedaron en $0,5 billones, muy por debajo de los $2,3 billones ejecutados en 2024. El programa lo llama asfixia deliberada.
El documento también reporta 2.436 fallecimientos de pacientes con enfermedades huérfanas asociados a demoras, interrupciones y barreras evitables, más de 314.000 tutelas y más de 2 millones de quejas de pacientes, de las cuales el 93 % correspondían a barreras de acceso. Frente a eso, el programa propone crear una Central Unificada de Quejas que articule EPS, Supersalud, Defensoría, Procuraduría y jueces de tutela para actuar de forma eficiente y coordinada en la atención de las necesidades inmediatas de los colombianos.
El programa no propone destruir la arquitectura del sistema ni empezar desde cero. Plantea rescatar lo mejor de la Ley 100 —competencia regulada, participación pública y privada, aseguramiento y capacidad instalada— y corregir con rigor técnico lo que deba corregirse. La visión estratégica es recuperar, reformar y fortalecer el sistema para 2030. La promesa del candidato se resume en una frase del documento: no llegará a experimentar con el sistema de salud colombiano, llegará a salvar vidas con decisiones concretas.
Campo y agro: tierra productiva, no promesas vacías
El diagnóstico sobre el campo es categórico: el campo colombiano no ha fracasado, lo han abandonado. El programa señala que solo se cultiva el 14,9 % de las tierras aptas para la agricultura y que el sector apenas aporta cerca del 6 % del PIB, pese a que Colombia tiene un potencial agrícola estimado en 39,2 millones de hectáreas. La pobreza rural está en 42,5 % y la extrema en 21,8 %. El 89 % de los productores no accede a crédito y el 83 % no recibe asistencia técnica. La tierra existe; la política ha fallado sistemáticamente.
La primera decisión sería reorganizar el Ministerio de Agricultura en dos grandes motores: uno orientado a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y otro enfocado en productividad y competitividad agrícola y pecuaria. El programa promete que cada familia campesina tendrá su título en regla, acceso a riego, crédito barato y vías para vender sus productos a precios justos. Y que al mismo tiempo se invitará a inversores privados bajo reglas claras para generar empleo masivo en zonas con vocación productiva de escala.
La tercera gran decisión es productiva: abrir 1 millón de nuevas hectáreas para la producción bajo un Mapa Nacional de Zonificación Agrícola, Pecuaria y Forestal. La distribución propuesta es específica: 400.000 hectáreas de maíz y soya, 200.000 de palma de aceite, 100.000 de palma de coco, 100.000 de frutas de exportación, 100.000 de ganadería regenerativa y 100.000 de cultivos transitorios para seguridad alimentaria. El objetivo es claro: Colombia importa lo que puede producir y eso debe cambiar definitivamente con decisiones estructurales.
El programa también ataca la falsa reforma agraria, como la llama, que según el documento compró apenas 448.000 de las 3 millones de hectáreas prometidas, es decir un cumplimiento del 14,8 %. De las 178.000 hectáreas adquiridas a privados, el 58 % aún no tiene escritura registrada. Y de las 290.000 hectáreas adjudicadas por la ANT, 165.538, equivalentes al 63,5 %, solo tienen entrega provisional. Sin título inscrito, los campesinos no pueden pedir crédito ni vincularse a proyectos productivos. Se entregó tierra pero no poder económico real.
Para el crédito rural, la propuesta plantea una revolución financiera: créditos de 15 a 20 años, garantías del FAG y del FNG, reducción de tasas de interés, exenciones tributarias durante la maduración de cultivos y contratos forward para proteger precios. El programa propone también crear 700 Escuelas de Emprendimiento Rural en municipios rurales del país con formación aplicada en producción agropecuaria, gestión de riesgos, emprendimiento y administración básica, con conectividad a internet como herramienta complementaria de acceso a mercados y tecnología disponible.
El campo de la Patria Milagro, según el documento, deberá ser tierra de autoridad y dignidad. Ninguna de las transformaciones productivas será sostenible si el campo sigue bajo el control del miedo, la extorsión y la milicianización. Por eso la política agraria va de la mano de la política de seguridad: donde hoy manda la renta criminal, el programa promete llevar sustitución productiva real, infraestructura, crédito, formalización y seguridad jurídica. El campo no puede seguir siendo la única promesa del abandono estatal para las regiones más vulnerables.
Energía y Ecopetrol: recuperación técnica y transición real
El programa dedica un capítulo extenso a la política energética, anclado en la recuperación de Ecopetrol. El documento denuncia que el actual manejo operativo y financiero de la empresa ha sido destruido: hoy es más costoso explorar o extraer petróleo que en el pasado. El programa promete remover la actual junta directiva y nombrar especialistas con experiencia probada y prestigio en el sector. Las decisiones, afirma el texto, se tomarán según indicadores técnicos y no por caprichos ideológicos que han dañado la empresa estratégica más importante del país.
La propuesta contempla abrir nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, retomar los proyectos de exploración no convencional que fueron frenados y rehabilitar negocios que ya estaban listos con Estados Unidos. El objetivo es mejorar el flujo de caja, aumentar la producción, las utilidades y la generación de empleo. De la Espriella y Restrepo se presentan como el binomio más capacitado para esta tarea: uno como empresario con visión gerencial y el otro como economista con experiencia directa en la gestión pública y privada del Estado colombiano.
El programa también reconoce abiertamente la existencia de un riesgo de apagón eléctrico, atribuido a demoras en proyectos de generación y transmisión, falta de gestión, destrucción de la confianza regulatoria y ausencia de aseguramiento en energía en firme. La propuesta es crear una fuerza de tarea conjunta permanente con cronogramas obligatorios, supervisados directamente por el Presidente y el Vicepresidente. También se contemplan subastas rápidas de confiabilidad antes de 2027 e inversión en almacenamiento con baterías híbridas como solución estructural de mediano plazo.
Para la transición energética, el programa plantea acelerar la producción de energía solar y eólica, recuperar el rigor técnico de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, garantizar la construcción de la colectora —línea de transmisión indispensable para conectar la generación en el país— y hacer una gran apuesta por acumulación de energía mediante baterías. También se menciona inversión en data centers, energía nuclear e hidroeléctrica como componentes de una política energética de largo plazo que vaya más allá del ciclo electoral inmediato.
El acceso al gas es otra urgencia identificada. El programa propone explorar la recuperación del gas venezolano de la mano de Estados Unidos cuando se restaure la democracia en ese país, avanzar en proyectos de gas licuado en las costas colombianas y acelerar los proyectos de gas no convencional. El mensaje del documento es que Colombia no puede seguir profundizando su grave problema de acceso a gas mientras el mundo transita hacia la autosuficiencia energética. La dependencia del gas externo es vista como una vulnerabilidad estratégica inaceptable para la soberanía nacional.
En minería, el programa establece una distinción clara entre minería legal y minería criminal. Se promete respaldar la exploración responsable, la inversión formal y la formalización del pequeño minero, mientras se persiguen las estructuras ilegales. El documento lo resume en cuatro palabras que funcionan como política de Estado: orden, producción, seguridad jurídica y responsabilidad ambiental. Colombia, según el programa, debe dejar de tratar un sector estratégico como un problema del que avergonzarse, y empezar a verlo como un motor real de prosperidad nacional y desarrollo territorial sostenible.
Educación: de los NINIs a los SISIs
El diagnóstico educativo del programa arranca con datos que el candidato califica de injusticia social: de cada 100 niños que entran a primer grado, solo 44 se gradúan de bachillerato a tiempo y apenas 38 pasan de inmediato a la educación superior. La cobertura en primera infancia apenas llega al 44 % entre los niños de 0 a 2 años y al 63 % entre los de 3 a 5 años. En zonas rurales cae al 52,9 %. Cerca de 200.000 jóvenes se quedan por fuera de la educación superior simplemente porque no tienen recursos económicos para acceder a ella.
El programa propone reconvertir a los llamados NINIs —jóvenes que ni estudian ni trabajan— en SISIs: jóvenes que sí estudian y sí trabajan. Para lograrlo, plantea programas de ciclo corto en tecnologías de la cuarta revolución industrial como inteligencia artificial, computación cuántica y robótica, con una duración de 14 meses y conexión directa al mercado laboral con empresas de Estados Unidos, Europa y Asia. El desempleo juvenil sigue en 15,3 % y el programa entiende que estudiar debe volver a servir para trabajar, producir y cumplir sueños concretos.
Una de las apuestas más innovadoras es llevar la universidad a los hogares mediante e-learning de alta calidad, con conectividad y computadores gratuitos y plataformas avaladas por el Ministerio de Educación usando inteligencia artificial. El programa revela que hoy solo el 44,1 % de las escuelas primarias tiene internet con fines pedagógicos. La meta para 2030 es tener en marcha programas de ciclo corto en nuevas tecnologías y bilingüismo que permitan la inserción laboral real de los jóvenes colombianos, poniendo al país a la vanguardia educativa regional.
El programa también aborda la calidad con la implementación de evaluación docente y la creación de créditos blandos y un sistema de méritos para los mejores talentos. En matemáticas, el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel mínimo en las pruebas PISA, y el 51 % de los jóvenes de 15 años quedó por debajo del nivel mínimo en lectura. El programa propone reformar la educación para hacerla más internacional, más conectada a los temas productivos y con énfasis en educación terciaria, tecnológica y virtual con inversión privada incentivada fiscalmente.
El programa también propone que la escuela funcione como muro de contención frente al microtráfico, las pandillas y las estructuras de reclutamiento criminal. La propuesta incluye deporte, cultura y entornos seguros como política activa de protección de niños y jóvenes. Además, plantea devolver a la educación su misión superior: formar ciudadanos en principios y valores fundacionales, educación cívica, respeto por la ley, responsabilidad y amor por la Patria. La escuela no puede ser solo transmisión de conocimiento; debe ser formación integral de ciudadanos libres y responsables.
El documento contempla también promover la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación en la educación pública a partir de incentivos fiscales, reformar el sistema educativo para conectarlo con los mercados productivos reales y garantizar que la tasa de graduación en educación superior mejore desde el 37,4 % actual para universitarios y el 27,1 % para técnicos y tecnólogos. La apuesta es transformar el sistema educativo de una fábrica de papel a una plataforma real de movilidad social, prosperidad económica y construcción de ciudadanía en el siglo XXI.
Gaming: Colombia como hub gamer de América Latina
El sector gaming aparece en el programa como una de las apuestas más novedosas y diferenciadas de la propuesta. De la Espriella plantea una política de Estado para desarrollar infraestructura que convierta a Colombia en el hub gamer más importante de América Latina. La propuesta reconoce que el sector gaming no es entretenimiento menor sino un ecosistema que impacta positivamente la industria del software y el hardware, el emprendimiento y el empleo juvenil, la economía digital, las exportaciones, el retail y el marketing a escala global y regional.
El programa identifica cuatro sectores que se beneficiarían del posicionamiento de Colombia como hub gamer: el sector social, el tecnológico, el cultural y el turístico. La propuesta apunta a que el gaming funcione como ecosistema de infraestructura para adelantarse al futuro, no como sector aislado sino como plataforma transversal que articule talento joven, economía digital y presencia internacional. Esta visión conecta directamente con la propuesta más amplia de economía digital que incluye becas y bonos masivos para reconversión en inteligencia artificial.
Para los creadores y desarrolladores de contenido digital, el programa contempla medidas concretas de apoyo: exenciones de impuesto de renta de hasta $400 millones al año, deducción del 100 % en inversiones en equipos, internet y cursos de capacitación, créditos de hasta $150 millones para equipos de tecnología con 0 % de interés, internet de fibra ilimitada, espacios de coworking, mentoría de élite y matchmaking. También se propone que los creadores puedan cobrar en dólares sin intermediarios, eliminando una barrera que hoy limita la competitividad internacional del talento colombiano joven.
El programa conecta la apuesta gaming con la estrategia de empleo juvenil. El desempleo juvenil en Colombia sigue en 23,7 % según los datos que cita el propio documento para 2024, y el gaming aparece como uno de los caminos para transformar ese desempleo en innovación cultural y económica. La propuesta contempla además la Youth Startup Academy e iniciativas como Ágora e INNPULSA con 80 jóvenes beneficiados como modelos de ecosistema público para colectivos creativos, conectando el gaming con el emprendimiento juvenil regional y la economía naranja de forma estructural.
La visión de largo plazo es que para 2040 Colombia tenga hubs de innovación juvenil que superen desigualdades y posicionen al país como referente regional en economía digital. El programa no trata el gaming como una promesa aislada sino como parte de una estrategia más amplia que incluye becas masivas para reconversión en inteligencia artificial para que el talento joven lidere lo que el documento llama el renacer de la Patria Milagro. La economía digital, el gaming y la inteligencia artificial se presentan como el triángulo estratégico del empleo del futuro en Colombia.
El sector gaming, en suma, representa en el programa una apuesta simbólica y económica al mismo tiempo. Simbólica porque señala que esta candidatura está mirando hacia el futuro y no solo administrando el presente. Económica porque reconoce que la cuarta revolución industrial ya llegó a Colombia y que el país debe posicionarse en ella con política pública inteligente y no solo con discurso. De la Espriella y Restrepo proponen que Colombia deje de ser espectadora de la revolución digital global y se convierta en uno de sus protagonistas activos en la región latinoamericana.
