La política fiscal del país registró un balance altamente positivo en materia de saneamiento de cartera y recuperación de recursos públicos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que un total de 175.213 contribuyentes se acogieron a los beneficios extraordinarios del Decreto Legislativo 0240 del 13 de marzo de 2026. Esta norma transitoria, expedida bajo el marco constitucional de la Emergencia Económica, facilitó el ingreso neto de 2.596.789.532.062 pesos a las arcas del tesoro nacional por concepto de deudas acumuladas.
El impacto de la medida legislativa permitió la normalización legal de 315.795 obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que se encontraban en estado de mora general. Los ciudadanos aprovecharon los descuentos sustanciales en las tasas de interés moratorio y las reducciones significativas en los montos de las sanciones administrativas vigentes. El director general de la entidad, Carlos Emilio Betancourt Galeano, destacó que la respuesta demuestra la efectividad de habilitar canales de atención oportunos que estimulen el cumplimiento voluntario de los deudores.
Los informes estadísticos revelan que 7 direcciones seccionales concentraron más del 80% del recaudo monetario gestionado durante la vigencia de la estrategia de amnistía. La capital de la república lideró el comportamiento fiscal de forma contundente; en la seccional de Bogotá, 58.898 ciudadanos sanearon 118.836 obligaciones, aportando 1.026.581.132.149 pesos, lo que representa el 39,53% de la participación nacional. El escalafón regional continuó con la seccional de Medellín, que reportó 374.476.880.746 pesos, equivalentes al 14,42% del dinero recuperado.
El comportamiento del recaudo en las demás capitales mantuvo una tendencia dinámica, reflejando el compromiso del sector empresarial de las provincias. La Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes sumó 306.677.009.948 pesos con una participación del 11,81%, seguida por Cali con 167.249.834.110 pesos. Por su parte, los contribuyentes asentados en Barranquilla aportaron 95.055.184.437 pesos, mientras que la seccional de Bucaramanga captó 88.516.031.991 pesos y la seccional turística de Cartagena cerró el grupo principal con 74.011.043.092 pesos recibidos en caja.
En los territorios intermedios se registró un flujo de caja moderado pero constante para las finanzas del Estado. Los despachos de Villavicencio alcanzaron 42.079.351.103 pesos, seguidos de cerca por Yopal con 33.961.184.838 pesos y Cúcuta con 32.880.955.982 pesos. El eje cafetero reportó un recaudo de 32.371.204.802 pesos en Pereira y 19.603.406.117 pesos en Manizales, mientras que la zona del Tolima Grande sumó 28.019.269.727 pesos en Ibagué y 25.118.259.543 pesos en Neiva.
Al analizar las bases de datos por tipos de gravámenes, el Impuesto sobre las Ventas se posicionó como el principal dinamizador del recaudo. Este tributo indirecto aportó 945.418.000.000 pesos, cifra equivalente al 36,4% del monto global recuperado por el fisco. El segundo lugar lo ocupó el Impuesto sobre la Renta, que sumó 741.015.000.000 de pesos, mientras que los agentes de Retención en la Fuente aportaron 597.230.000.000 de pesos. El Régimen Simple generó transferencias por 120.480.000.000 de pesos.
Para garantizar el éxito de la convocatoria, la autoridad tributaria diseñó un robusto despliegue tecnológico que superó las 2 millones de acciones de contacto directo con los morosos. El inventario de comunicaciones abarcó la remisión de 251.649 correos electrónicos personalizados, 618.981 mensajes de texto y 291.593 notificaciones mediante la plataforma WhatsApp. Las herramientas interactivas se complementaron con 354.957 llamadas automatizadas, 89.000 llamadas telefónicas de asesoría directa y la realización de 9 conferencias virtuales pedagógicas en tiempo real.
Adicionalmente, las oficinas físicas habilitaron jornadas presenciales extraordinarias entre el 16 de marzo y el 30 de abril, logrando atender a más de 264.000 ciudadanos. Los operativos contaron con un apéndice judicial coordinado con la Fiscalía General de la Nación, mesa de trabajo que permitió gestionar deudas por 103.922.000.000 de pesos de contribuyentes que registraban denuncias penales activas. De este modo, la articulación de las agencias estatales fortalece la cultura de pago, asegurando recursos clave para el financiamiento de los planes sociales.
