Una juez penal de conocimiento de Medellín dictó sentencia condenatoria contra 7 integrantes de una red delincuencial dedicada a la explotación de niños y niñas indígenas de la comunidad Emberá Katío en la capital antioqueña. La decisión judicial se concretó tras un riguroso preacuerdo suscrito entre los implicados y los delegados de la Fiscalía General de la Nación. Los procesados aceptaron de manera voluntaria su responsabilidad directa en las actividades ilícitas de mendicidad ajena que se ejecutaban sistemáticamente en sectores turísticos de la ciudad.
La investigación adelantada por el cuerpo técnico judicial demostró que la organización criminal concentraba sus operaciones en el exclusivo barrio de El Poblado. En este sector de alta afluencia, los delincuentes sometían a los menores de edad a extenuantes jornadas laborales informales que con frecuencia se extendían de forma ininterrumpida hasta la madrugada. El objetivo principal de la estructura consistía en aprovechar la vulnerabilidad de la infancia nativa para despertar la solidaridad de las personas y recolectar valiosos recursos de primera necesidad.
Los elementos materiales probatorios recopilados documentaron un total de 10 eventos delictivos concretos ocurridos con total impunidad entre los años 2024 y 2025. Los delincuentes obligaban a las madres y a los niños a pedir a los turistas nacionales y extranjeros donaciones representadas en artículos como pañales desechables, fórmulas lácteas infantiles y otros víveres. Posteriormente, estos elementos comerciales eran desviados de su fin humanitario original y se transportaban hacia locales comerciales con el propósito definitivo de ser revendidos ilegalmente en el mercado minorista de la provincia.
La Fiscalía General de la Nación detalló las identidades de los procesados vinculados formalmente a este proceso judicial de gran trascendencia social. Entre los condenados se encuentra la ciudadana colombiana Ana Lucía López Sánchez, junto con los extranjeros de origen venezolano Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza y Nahomi Karlais López Goyo. De igual manera, aceptaron los cargos penales las procesadas Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y el ciudadano Wilfreddy Johan Godoy Villamizar, desmantelando los mandos de la organización.
El expediente penal evidenció la distribución de roles específicos diseñados de forma estratégica para maximizar las ganancias financieras de la red de explotación. Las procesadas López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza tenían la función de recorrer los corridors comerciales de Medellín portando lactantes en sus brazos. Las mujeres exhibían letreros con mensajes conmovedores para presionar la compra de insumos básicos, instrumentalizando de forma sistemática la debilidad de los infantes para asegurar la entrega de las mercancías por los transeúntes de la zona.
Por otra parte, los peritos judiciales determinaron que Ana Lucía López Sánchez operaba como una de las principales receptoras de los productos de primera necesidad obtenidos ilícitamente. López Sánchez, valiéndose de su condición de propietaria de un establecimiento comercial establecido, compraba los elementos donados a precios inferiores para integrarlos a sus inventarios ordinarios. La comerciante coordinaba de forma directa el almacenamiento y la posterior reventa de las mercancías a clientes corrientes, permitiendo transformar la generosidad de los ciudadanos en dinero en efectivo neto para el grupo delincuencial.
Asimismo, las labores logísticas de transporte, acopio y distribución de los elementos comerciales obtenidos mediante la mendicidad forzada eran ejecutadas de manera continua por Wilfreddy Johan Godoy Villamizar. El procesado movilizaba las cargas de insumos infantiles entre los puntos de recolección callejera en El Poblado y el almacén principal de la banda. El despacho judicial avaló las pruebas presentadas e impuso condenas por los delitos penales de concierto para delinquir agravado y explotación de menores de edad, protegiendo los derechos de la infancia de las comunidades rurales indígenas.
Las penas definitivas impuestas por la magistrada de la República contra los 7 delincuentes oscilan de forma proporcional entre los 24 y los 39 meses de prisión efectiva. La sentencia proferida por el juzgado penal de conocimiento de Antioquia sienta un precedente definitivo para combatir las economías criminales subterráneas basadas en el abuso infantil. Las autoridades distritales anunciaron que continuarán intensificando los operativos de control en las zonas comerciales del departamento para garantizar el restablecimiento inmediato de los derechos humanos de la población nativa vulnerable.
