El excandidato presidencial y senador electo Iván Cepeda sacudió este martes 30 de junio la política colombiana al anunciar que emprenderá un camino de desobediencia civil pacífica si el presidente electo Abelardo de la Espriella no cumple con una serie de condiciones antes de su posesión el 7 de agosto. La declaración fue difundida a través de redes sociales desde la sede del Pacto Histórico y generó reacciones inmediatas en el círculo más cercano del mandatario electo.
La primera exigencia de Cepeda es que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de posesionarse. El excandidato argumentó que el juramento de nacionalización en Estados Unidos implica una obligación de lealtad exclusiva hacia ese país ante cualquier conflicto, lo que sería incompatible con el ejercicio de la presidencia de Colombia. Sostuvo que, de no hacerlo, la posesión del presidente electo estaría viciada por ser, según él, ilegal e ilegítima.
Cepeda exigió además que De la Espriella aclare si mantiene vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos y explique su relación con el caso de Alex Saab. El senador señaló que las autoridades estadounidenses deben precisar si el presidente electo ha sido o es agente o colaborador de la DEA, la CIA o cualquier otra agencia de seguridad norteamericana, condición que, a su juicio, pondría en tela de juicio su idoneidad para ejercer como jefe de Estado colombiano y garante de la soberanía nacional.
Cepeda también acusó a De la Espriella, sin presentar pruebas, de tener un estrecho vínculo con el paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, señalado como informante de agencias federales estadounidenses. Esta acusación se suma a un patrón de señalamientos que Cepeda ha lanzado contra el presidente electo desde la campaña, incluyendo denuncias penales por presuntos vínculos con estructuras paramilitares que tampoco han sido respaldadas con pruebas verificadas públicamente.
Cepeda hizo además un llamado al presidente electo para que desista de una supuesta persecución al presidente Gustavo Petro y deje a un lado la intención de extraditarlo. Sin embargo, no existen investigaciones contra el jefe de Estado por las que pueda ser extraditado. El excandidato también señaló que debe cesar lo que calificó como una estimulación de judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra opositores políticos colombianos.
Cepeda fue contundente en su advertencia: “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”. Convocó además a sus millones de votantes a hacer lo propio.
La declaración generó una respuesta inmediata del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien en rueda de prensa rechazó el llamado de Cepeda. “Aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”, declaró Restrepo en una intervención breve pero directa, con la que el gobierno electo buscó cerrar el debate sin escalar el tono de la confrontación política.
El pronunciamiento de Cepeda contrasta con su propio reconocimiento de la victoria de De la Espriella el 24 de junio, cuando aceptó los resultados del escrutinio oficial que ratificó una diferencia de 250.830 votos entre ambos candidatos. Lo que este martes planteó no es un cuestionamiento al resultado electoral sino una serie de condiciones políticas y jurídicas de cumplimiento incierto. Con la posesión presidencial a 38 días, el anuncio marca el tono con el que el Pacto Histórico ejercerá su papel de oposición en el nuevo periodo de gobierno.
