A 10 días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el candidato Iván Cepeda radicó una denuncia penal contra su contendor Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional. La acción fue anunciada en rueda de prensa y calificada por el propio Cepeda como la primera de varias medidas jurídicas. De la Espriella y su campaña rechazaron los señalamientos de inmediato.
Los delitos enunciados en la denuncia son concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, presuntamente vinculados con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cepeda sostuvo que el escrito incluye elementos nuevos recopilados en distintos escenarios judiciales relacionados con el conflicto armado. En esta etapa se trata de una denuncia formal, no de cargos imputados por ninguna autoridad judicial competente.
Uno de los ejes de la denuncia es la Fundación Iniciativas por la Paz, FIPAS. Cepeda señaló que la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y sentencias de Justicia y Paz caracterizaron a esa organización como un instrumento paramilitar para ampliar influencia social. Según la denuncia, habría existido una relación económica entre FIPAS y las AUC en doble vía, algo que el equipo de De la Espriella no ha admitido.
Entre los testimonios citados figura el de Salvatore Mancuso, quien en declaraciones ante la JEP habría referenciado su relación con De la Espriella. También son mencionados alias HH, alias Barbie y alias Macaco. Cepeda reconoció que aún está por esclarecerse si De la Espriella perteneció directamente a las AUC o si su vínculo fue de otra naturaleza, lo que evidencia que la denuncia plantea hipótesis que deberán ser evaluadas judicialmente.
La inclusión de la Corte Penal Internacional como destinataria de la denuncia requiere demostrar que los hechos califican como crímenes de lesa humanidad, un estándar probatorio exigente. Colombia mantiene vínculos activos con la CPI, aunque los tiempos procesales de esa instancia internacional difieren considerablemente de los de la justicia ordinaria nacional. Ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado sobre la admisibilidad de la denuncia.
La campaña de De la Espriella calificó las acusaciones como una estrategia de desprestigio en la recta final electoral. El candidato de derecha obtuvo 43,7% en primera vuelta frente a 40,9% de Cepeda. El clima político ya era tenso: ambos candidatos se habían acusado mutuamente de planear autoatentados, y circulaban denuncias cruzadas por presuntas presiones armadas sobre el voto en municipios de alto riesgo electoral identificados por la Defensoría del Pueblo.
La denuncia llega en un momento en que la campaña escala en intensidad y acusaciones. Cepeda también había anunciado acciones penales contra la campaña de De la Espriella por presunta difusión de contenidos falsos generados con inteligencia artificial. Por su parte, De la Espriella había radicado una denuncia señalando presuntas presiones de grupos armados sobre el voto en 109 municipios de Cauca, Nariño y Chocó donde Cepeda superó el 70% de la votación.
Lo que ambas denuncias reflejan es el nivel de confrontación que ha alcanzado esta segunda vuelta, con acusaciones que van desde vínculos con el paramilitarismo hasta manipulación electoral con inteligencia artificial. Las instituciones judiciales, tanto nacionales como internacionales, serán las encargadas de determinar si alguna de estas acciones tiene mérito legal suficiente para avanzar más allá del escenario político en que fueron formuladas.
