La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a un proceso penal al exalcalde de Unguía, Otoniel Pérez Sáenz, junto con otras 2 personas, por graves irregularidades detectadas en la contratación de obras de mitigación. La investigación señala una presunta apropiación indebida de recursos públicos destinados a la prevención de desastres naturales. Este entramado de corrupción habría facilitado el desvío de dineros que debían proteger a las poblaciones de Unguía, Lloró y Tadó frente a las emergencias causadas por las lluvias torrenciales y los desbordamientos fluviales constantes.
El 2 de diciembre de 2019, la administración municipal suscribió de manera directa un contrato interadministrativo con la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño, Asomura, por un valor de 6.591 millones de pesos. Bajo el argumento de urgencia manifiesta, se proyectó la construcción de 3 muros de contención vitales para la seguridad de los habitantes. Sin embargo, las autoridades determinaron que el proceso contractual omitió requisitos legales fundamentales, dejando la puerta abierta para que los recursos fueran desviados en lugar de ser invertidos correctamente.
De acuerdo con las pruebas obtenidas por el ente investigador, la asociación subcontrató a firmas que carecían totalmente de capacidad técnica y financiera para cumplir con el objeto social. Entre las empresas beneficiadas se encontraba una representada por Luis Alberto García Mosquera, uno de los ahora procesados. Los investigadores establecieron que las empresas seleccionadas no contaban con la experiencia requerida para desarrollar obras de ingeniería civil de tal complejidad, lo que provocó fallas desde el inicio del proceso contractual en el Chocó.
El desfalco fue potenciado por el desembolso de dinero público sin la existencia de los soportes técnicos que justificaran el avance de los trabajos. Estas anomalías administrativas generaron un posible detrimento patrimonial a las arcas del Estado superior a los 3.556 millones de pesos. El exalcalde Otoniel Pérez Sáenz, junto con Adolfo León Tabares Gutiérrez, representante de Asomura, y el contratista García Mosquera, habrían orquestado las maniobras necesarias para facilitar la salida de estos recursos bajo una fachada de legalidad técnica poco clara.
Un fiscal de la seccional Chocó presentó las evidencias ante un juez de control de garantías e imputó a los 3 implicados los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos durante la audiencia, el material probatorio fue suficiente para que el togado dictara medidas restrictivas de libertad contra todos los señalados por estos hechos tan graves.
El exalcalde Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir la medida de aseguramiento bajo la modalidad de detención domiciliaria por orden judicial. Por su parte, los otros 2 involucrados, Adolfo León Tabares y Luis Alberto García Mosquera, fueron enviados directamente a un establecimiento carcelario mientras avanza la etapa de juicio. La decisión busca garantizar que los implicados no obstruyan el desarrollo de las investigaciones y asegurar su comparecencia durante todas las fases procesales que restan para determinar su responsabilidad penal definitiva en este escándalo local.
La investigación destaca que la falta de supervisión adecuada permitió que el proyecto se estancara desde sus inicios, dejando desprotegidas a las comunidades vulnerables frente a las inundaciones. Los muros de contención proyectados nunca cumplieron su función de mitigación, ya que los recursos fueron transferidos a terceros sin que se reflejaran obras físicas concretas en los municipios de Unguía, Lloró y Tadó. La administración que sucedió a Pérez Sáenz terminó liquidando el contrato unilateralmente al constatar un avance físico menor al 3%.
La Fiscalía General de la Nación ratificó que continuará persiguiendo estos casos de corrupción que afectan la confianza ciudadana y el desarrollo regional en departamentos como el Chocó. Este operativo es parte de una ofensiva nacional contra el saqueo de los dineros destinados a la atención de emergencias y la infraestructura social básica. Las autoridades siguen recolectando testimonios adicionales para determinar si existen otros funcionarios o particulares que formaron parte de esta red encargada de defraudar al Estado colombiano durante aquel periodo administrativo.
