La Fiscalía General de la Nación asestó un golpe judicial de gran trascendencia contra la corrupción administrativa en las gobernaciones de la región de la Orinoquía. El organismo acusador imputó formalmente cargos penales en contra de la exgobernadora encargada del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo. Las agencias investigativas señalan a la exmandataria regional como la presunta determinadora de un millonario entramado ilegal orientado a desviar presupuestos públicos asignados para obras civiles en las municipalidades.
La lista de conductas punibles endilgadas por la fiscalía a la hoy procesada abarca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. De igual manera, los peritos judiciales le formularon cargos por falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso y peculado por apropiación agravado. Las agencias estatales recopilaron evidencias que comprometen la responsabilidad de la exfuncionaria en el direccionamiento de tres convenios de infraestructura financiados por el Sistema General de Regalías.
Los tres proyectos viales y sanitarios bajo sospecha sumaban una cuantía contractual consolidada que superaba la cifra de 91.542 millones de pesos de los fondos departamentales. Las obras civiles civiles contemplaban específicamente la construcción de las redes de alcantarillado pluvial en el sector de Playitas, en la capital de Arauca. Asimismo, el plan de inversiones gubernamentales integraba la adecuación y cimentación de las celdas dos y tres del relleno sanitario regional ubicado en la localidad de Tame.
En el curso de la indagación, coordinada por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se detectaron fallas procedimentales protuberantes desde la etapa precontractual. Mediante la expedición del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces gobernadora designó como entidad ejecutora de los dineros a la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Esta agremiación privada carecía de la idoneidad técnica, jurídica y financiera requerida para administrar las regalías de las comunidades llaneras.
Los peritos del Ministerio de Gobierno constataron que la firma seleccionada para las obras ni siquiera se encontraba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. De forma paralela, las auditorías fiscales demostraron que los proyectos viabilizados con urgencia no estaban contemplados en el plan de desarrollo vigente de la gobernación. Ninguna de las iniciativas de alcantarillado registraba inscripción previa ante el banco de datos unificado que administra el Fondo Nacional de Regalías.
Las evidencias técnicas recopiladas por los investigadores sugieren que la exgobernadora Barrios Guarnizo avaló de manera consciente estudios de ingeniería que carecían de soportes científicos reales. El hallazgo más alarmante de la fiscalía detalla que uno de los estudios topográficos utilizados para justificar las obras fue firmado digitalmente por un ciudadano fallecido. El supuesto profesional había muerto 8 años antes del proceso de contratación y los registros educativos demostraron que jamás obtuvo un título en topografía.
La hipótesis del ente acusador sostiene que las maniobras administrativas permitieron que terceras personas se apropiaran de un botín público estimado en 40.327 millones de pesos de regalías. Esta multimillonaria defraudación económica al erario se consumó mediante la facturación de sobrecostos de materiales y la retención ilegal de tributos territoriales. Gran parte de las pérdidas financieras corresponden al desembolso de anticipos de alta cuantía que fueron desviados hacia cuentas bancarias de particulares sin registrar avances físicos en los terrenos.
Cerrando el balance judicial entregado por las autoridades en la capital del país, este resultado forma parte de las investigaciones prioritarias del Grupo de Tareas Especiales contra la Corrupción. Los delegados de la fiscalía general solicitarán las medidas cautelares correspondientes para congelar los bienes inmuebles de los contratistas beneficiados con los giros irregulares. Con la judicialización de la exmandataria de Arauca, la justicia colombiana busca enviar un mensaje contundente contra el saqueo de los dineros destinados al saneamiento básico en las provincias.
