Un contundente golpe a la corrupción judicial en el suroccidente del país se consolidó este 8 de junio de 2026. El Tribunal Superior de Popayán emitió una sentencia condenatoria en contra de la exfiscal del municipio de El Tambo, María del Socorro Fernández Chávez. Tras evaluar el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación, la corporación judicial la halló responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. La exfuncionaria penalizada recibió una pena de 7 años y 3 meses de prisión.
Las investigaciones técnicas demostraron que la procesada utilizó de forma ilegal sus atribuciones constitucionales para favorecer a un ciudadano colombiano requerido en extradición. El beneficiado con las maniobras jurídicas era solicitado formalmente por una corte distrital de los Estados Unidos debido a cargos por tráfico trasnacional de estupefacientes. El entramado corrupto buscaba entorpecer los trámites migratorios de entrega internacional mediante la creación de un expediente ficticio que obligara a mantener al sospechoso recluido bajo la jurisdicción nacional.
El modus operandi de la entonces servidora pública se ejecutó de forma precisa el 17 de mayo de 2016, fecha en la cual abrió un proceso judicial paralelo. Fernández Chávez imputó falsamente al presunto narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado de forma inmediata por el procesado. Para soportar el requerimiento penal, la abogada aportó datos espurios sobre una falsa vinculación de la persona con un grupo armado ilegal, adulterando la realidad de las bases informativas fiscales.
Las pruebas recolectadas determinaron además que la exfiscal omitió de manera deliberada los reportes internos correspondientes a una notificación roja de la Interpol. Igualmente, la funcionaria incorporó al expediente documentación de arraigo que presentaba severas inconsistencias técnicas, firmas falsificadas y otros elementos materiales falsos. La auditoría penal descubrió además que la grabación audiovisual de la audiencia de imputación desapareció misteriosamente, y la procesada se opuso firmemente a repetir la diligencia requerida por un juzgado.
La estrategia de engaño procesal logró su cometido principal en enero de 2017, cuando el extraditable interpuso una acción de tutela ante los jueces de la república. El recurso constitucional amparó con éxito el derecho fundamental del imputado a no ser doblemente incriminado por el Estado. Mediante esta maniobra jurídica estructurada sobre una mentira procedimental, el sospechoso bloqueó temporalmente su envío hacia las prisiones norteamericanas. La artimaña legal burló los controles de la Cancillería.
La Fiscalía General valoró positivamente la determinación judicial, señalando que este fallo sienta un precedente indispensable para salvaguardar la moralidad pública en la administración de justicia. El ente acusador reiteró su compromiso de depurar las seccionales judiciales de aquellos servidores que desvíen sus funciones hacia el favorecimiento de organizaciones criminales. El desmantelamiento de estas redes de complicidad institucional resulta vital para garantizar la transparencia de los procesos de cooperación judicial internacional con agencias extranjeras.
La sentencia judicial proferida por el tribunal caucano determinó que Fernández Chávez deberá cumplir la sanción penal impuesta dentro de un establecimiento carcelario tradicional. Asimismo, la exservidora pública fue condenada a pagar una multa económica equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Estado. El fallo también le impuso una inhabilidad complementaria para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso exacto de 104 meses de duración.
Los magistrados de la sala penal ratificaron que el comportamiento de la exfiscal lesionó de gravedad la confianza de los ciudadanos en las instituciones de control. La recolección de evidencias testimoniales y documentales en los despachos del Cauca fue clave para desarmar la coartada técnica de la defensa. De este modo, las autoridades colombianas cerraron un oscuro capítulo de complicidad penal, castigando con severidad a quien simuló un juicio con el propósito de beneficiar a las mafias.
