El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunciaron este martes 23 de junio de 2026 la prórroga por 5 meses del Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café con la Federación Nacional de Cafeteros. El acuerdo se alcanzó luego de varias semanas de negociaciones tensas y con el reloj corriendo: el contrato vigente expiraba el 7 de julio de 2026, poniendo al sector más emblemático del agro colombiano ante una encrucijada histórica.
El Fondo Nacional del Café no es un fondo público convencional. Es una cuenta parafiscal constituida por los aportes que los mismos productores realizan, principalmente mediante la contribución cafetera de USD$6 por libra de café verde exportada. Aunque estos recursos tienen una destinación constitucional exclusiva al sector, su administración ha estado en manos de la Federación Nacional de Cafeteros desde la creación del fondo en 1940. Bajo ese modelo, el presupuesto previsto para 2026 implicaba ingresos corrientes por $8,7 billones de pesos.
La negociación estuvo marcada por las tensiones acumuladas entre el Ejecutivo y la Federación. Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro expresó en varias oportunidades sus reparos frente al funcionamiento de los gremios económicos y, particularmente, cuestionó la forma en que se administran los recursos parafiscales del sector cafetero. Al tiempo que el Gobierno mantenía conversaciones con la Federación, en el sector crecía la preocupación por versiones según las cuales el Ejecutivo también adelantaba acercamientos con cooperativas y asociaciones cafeteras para entregarles la administración de esos recursos parafiscales.
En el comunicado oficial, los ministerios señalaron que durante el proceso de negociación se consideraron asuntos de gran importancia estratégica para el futuro de la caficultura colombiana: la autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café, la participación de los Comités Departamentales de Caficultores, el fortalecimiento de las garantías de compra y otros servicios para los productores, así como mecanismos orientados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector. Estos puntos reflejan las tensiones estructurales que han rodeado el debate sobre el modelo de administración del fondo.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien lideró las conversaciones con los ministerios de Hacienda y Agricultura, había valorado previamente la transparencia y la voluntad expresada por el ministro de Hacienda para tener el contrato listo antes del vencimiento del plazo. La reunión de este martes, que se extendía entre los dos ministerios y la cúpula de la Federación, era considerada decisiva y finalmente produjo el acuerdo de prórroga anunciado.
El riesgo de no llegar a un acuerdo era significativo. De acuerdo con documentos institucionales, la no prórroga oportuna del contrato representaba un riesgo para más de 557.000 familias cafeteras y para la operación de mecanismos fundamentales como la Garantía de Compra, considerada el corazón del sistema cafetero. Según el exministro de Agricultura Andrés Valencia, actualmente no existe una entidad pública o privada que cuente con la estructura necesaria para asumir las funciones que hoy desempeña la Federación en la administración del Fondo Nacional del Café.
La prórroga de 5 meses no cierra el debate de fondo: abre el tiempo necesario para que el próximo Gobierno, que tomará posesión en agosto de 2026, suscriba un nuevo contrato con las condiciones que resulten de las negociaciones en curso. Así lo señaló el propio comunicado oficial, al indicar que “una vez venza el plazo de la prórroga, el próximo Gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”. El nuevo contrato tiene la oportunidad histórica de indexar la distribución de recursos a criterios de equidad territorial y crecimiento productivo marginal, dado que el mapa del café se movió radicalmente hacia el sur del país, donde Huila, Antioquia, Tolima y Cauca concentran más del 54% del área cultivada.
La decisión evita el vacío institucional que habría dejado el vencimiento del contrato sin renovar, pero traslada la responsabilidad de la solución definitiva a la próxima administración. El sector cafetero colombiano, con casi 100 años de construcción institucional, entra así en una etapa de transición que exigirá del próximo Gobierno voluntad política, capacidad técnica y disposición real de diálogo con los caficultores para construir un modelo que garantice la sostenibilidad del grano más emblemático de Colombia.
