La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a un proceso judicial a dos trabajadores de una institución educativa privada del departamento de Cundinamarca. Los ciudadanos imputados fueron identificados de manera oficial como Emily Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada. El ente de investigación penal del Estado los señala como los presuntos responsables directos de incurrir en omisiones graves de seguridad que derivaron en el fallecimiento de una estudiante de 10 años.
Los trágicos acontecimientos bajo investigación criminal se registraron originalmente el 12 de agosto de 2025. Los hechos ocurrieron en el interior de las instalaciones de un colegio ubicado específicamente en la vereda Canelón, en jurisdicción del municipio de Cajicá. La víctima fatal de este lamentable suceso vial era una menor de edad que contaba con un diagnóstico médico de síndrome de Down, cuya integridad física dependía enteramente del personal técnico del plantel.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los dos procesados se desempeñaban como empleados activos de la referida entidad escolar al momento de la tragedia. En el ejercicio de sus funciones contractuales asignadas, ambos habrían omitido presuntamente el estricto deber constitucional y legal de cuidado que les correspondía sobre la alumna. Las hipótesis judiciales apuntan a que una cadena de fallas administrativas facilitó de forma directa que la menor abandonara el perímetro seguro.
La investigación técnica liderada por el organismo acusador determinó que Fuentes Hernández, en su condición de docente encargada, no vigiló adecuadamente los desplazamientos físicos de la menor de edad. La profesional tenía la obligación directa de garantizar que la estudiante retornara de forma segura desde la zona del patio exterior hacia el salón de clases. La ausencia de un control visual efectivo permitió que la niña se apartara de la supervisión escolar general.
Por su parte, Ochoa Prada es señalado por la Fiscalía debido a presuntas fallas en su rol como encargado del departamento de infraestructura física. Los peritos judiciales determinaron que el empleado no realizó las labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias en las rejas perimetrales del plantel. Esta falla estructural permitió que la estudiante saliera sin dificultades del colegio con rumbo hacia el río Frío, donde se produjo el desenlace.
El cuerpo sin vida de la menor de edad fue hallado finalmente por los organismos de socorro el 29 de agosto de 2025 en el cauce del río. Ante la gravedad de los hallazgos científicos, un fiscal delegado imputó formalmente a los dos investigados el delito de homicidio culposo. Durante el desarrollo de la audiencia pública concentrada de imputación de cargos, ninguno de los dos trabajadores investigados aceptó la responsabilidad jurídica de los hechos.
La radicación de este expediente penal en este periodo de 2026 envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad civil que asumen los centros educativos. Las autoridades del Ministerio Público recordaron que los protocolos de custodia de menores con condiciones especiales deben aplicarse de forma estricta. El proceso judicial continuará su curso legal ante los jueces de conocimiento competentes de la región, quienes evaluarán el inventario de pruebas técnicas aportadas.
Las familias y los representantes de las ligas de defensa de los derechos de la niñez manifestaron su expectativa frente a las decisiones de la justicia. El esclarecimiento de las fallas de infraestructura y de supervisión resulta indispensable para evitar la repetición de tragedias similares en otros planteles de Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación mantendrá las líneas de investigación abiertas hasta lograr una sentencia definitiva en los tribunales viales.
