Colombia llega a 2026 con una pregunta sin resolver: ¿puede un país transformarse de fondo sin antes ajustar cuentas con su pasado? Iván Cepeda Castro cree que sí, y construyó un programa de gobierno de 433 páginas para demostrarlo. Su propuesta, titulada “El Poder de la Verdad”, no es un documento técnico convencional. Es un manifiesto político que mezcla diagnóstico histórico, propuestas concretas y una declaración de guerra ideológica contra el modelo que, según el candidato del Pacto Histórico, empobreció a Colombia durante décadas.
El programa se articula sobre cuatro revoluciones: ética, agraria, social y política. No son metáforas vacías. Cada una tiene propuestas específicas, desde la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción hasta un Banco del Pueblo para que comunidades excluidas accedan a recursos sin intermediarios. El candidato no ofrece un gobierno de administración sino de transformación acelerada, una segunda fase del cambio que, en su visión, debe ir más lejos de lo que el gobierno de Gustavo Petro Urrego alcanzó a avanzar en su primer mandato.
La anticorrupción es la apuesta más ambiciosa del documento. Cepeda Castro parte de un dato contundente: en 2024 la impunidad por corrupción en Colombia alcanzó el 94%, y 20 de 32 departamentos superan el 95%. Frente a ese panorama, propone dejar de tratar la corrupción como suma de delitos individuales y abordarla como macrocriminalidad sistémica, con una unidad especializada dentro de la Fiscalía, un fondo de reparación con los bienes decomisados y juzgamiento especial para los casos de corrupción estructural que han capturado instituciones enteras del Estado.
La revolución agraria parte de una desigualdad que el programa describe sin eufemismos: el 10% más rico posee el 81% de las tierras cultivables. De cada 10 víctimas del conflicto armado registradas en el país, 6 son campesinas. Sobre esa realidad, Cepeda Castro propone profundizar la redistribución de tierras, convertir la economía campesina en motor de soberanía alimentaria y articular esa transformación con la protección de páramos, agua y biodiversidad. La sustitución de cultivos ilícitos no aparece como política de seguridad sino como consecuencia natural de ofrecer alternativas económicas reales en los territorios.
En política social, el programa defiende reformas estructurales en salud, educación y pensiones, y propone la austeridad republicana como principio rector: quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo. En política exterior, Cepeda Castro plantea que Colombia lidere el debate mundial por un cambio de paradigma en la política antidrogas, se oponga activamente a todo genocidio y consolide a Latinoamérica como zona de paz. Las 10’110.121 víctimas del Registro Único son el centro moral explícito de un programa que promete gobernar para quienes históricamente han puesto los muertos.
Todo eso está en el programa. Pero hay algo más que también está, con una frecuencia que llama la atención: el apellido Uribe aparece en 93 líneas distintas del documento. Al menos 48 de esas referencias apuntan directamente a Álvaro Uribe Vélez como adversario político, responsable histórico y figura contra la cual se define buena parte del relato. En un programa diseñado para hablar del futuro, esa cifra dice mucho sobre el presente de quien lo escribió, y abre una pregunta incómoda que este análisis no puede ignorar.
La Revolución Ética: corrupción, humanidad y conciencia moral
El primer eje del programa de Cepeda Castro es la denominada Revolución Ética. El candidato plantea que Colombia padece una “profunda degradación moral” producto de décadas de violencia, desprecio por los pobres, patriarcado y racismo. En ese marco, propone transformar no solo las condiciones materiales, sino la conciencia individual y colectiva del país. La propuesta tiene una dimensión filosófica más desarrollada que la institucional en varios de sus capítulos.
El Sistema Nacional contra la Macrocorrupción es la apuesta más concreta de este eje. El candidato define la macrocorrupción como una forma de criminalidad organizada que captura instituciones, va más allá de los delitos individuales y requiere un tratamiento sistémico similar al aplicado a crímenes de lesa humanidad. Propone crear dentro de la Fiscalía una Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción y una instancia especial de juzgamiento.
Un componente central de esta revolución es la reparación. Cepeda Castro plantea crear un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción que canalice los bienes decomisados para resarcir daños a comunidades y sectores afectados. Señala que cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido. También propone fortalecer la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras concretas para la ciudadanía.
La Revolución Ética incluye además una dimensión de austeridad republicana. A diferencia de lo que el programa llama “austeridad neoliberal”, la propuesta de Cepeda busca recortar los gastos suntuarios del Estado, los altos salarios y los privilegios indebidos para redirigirlos al gasto social. Anuncia que reducirá el salario presidencial desde el primer día, suprimirá gastos de representación excesivos y someterá la contratación estatal a estricta vigilancia ciudadana y de los entes de control.
El programa critica también la normalización de la corrupción en la cultura política colombiana, señalando que ha penetrado incluso sectores de la izquierda. Esta autocrítica, poco frecuente en los documentos programáticos de campaña, aparece brevemente pero con claridad. Cepeda Castro reconoce que casos como el de Olmedo López, vinculado al saqueo de recursos para atención de desastres naturales, son una mancha que obliga al movimiento progresista a un compromiso sin ambigüedades frente a la transparencia pública.
Las víctimas, el genocidio y la paz: justicia sin impunidad
El segundo eje del programa gira en torno a las víctimas y la paz. Cepeda Castro, como sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, coloca a las 10’110.121 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas como centro moral y político de su propuesta de gobierno. Anuncia que la reconciliación será parte esencial del acuerdo nacional que convocará desde el primer día de mandato.
El candidato propone avanzar hacia una reparación que va más allá de la compensación económica individual. Plantea que las reparaciones, especialmente las ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, deben derivar en planes de desarrollo territorial, acceso a programas de salud especializada y a proyectos educativos que vinculen a las víctimas a empleos formales. Esta visión de reparación productiva conecta la agenda de derechos con la de transformación económica.
En materia de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, Cepeda Castro señala que corresponde al próximo gobierno el último período previsto para su implementación integral. Reconoce retrasos y fallas, y se compromete a buscar la prórroga de la implementación por 4 años más, dado que años clave fueron perdidos bajo el mandato del expresidente Iván Duque. La no repetición, afirma el programa, no puede ser un eslogan sino una realidad verificable en los territorios.
El programa también aborda la protección de líderes sociales y firmantes de paz como una línea roja de su gobierno. Plantea reactivar sin titubeos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desmantelar los grupos sucesores del paramilitarismo, política que nunca fue implementada con rigor. El candidato impone como condición para cualquier diálogo de paz que los grupos armados cesen el asesinato de líderes comunitarios antes de iniciar negociaciones.
Sobre memoria y educación para la paz, el programa propone incorporar la historia del genocidio, el conflicto armado y los crímenes contra la humanidad en los currículos escolares. Anuncia el apoyo a museos de memoria, la socialización masiva del Informe de la Comisión de la Verdad y la exigencia de que cada texto escolar mencione a la Unión Patriótica, sus líderes y su legado democrático. La memoria, sostiene Cepeda Castro, es un pilar sin el cual la reconciliación resulta imposible.
La Revolución Agraria: tierra, campesinado y soberanía alimentaria
El tercer bloque temático del programa es la Revolución Agraria, presentada por el candidato en Sincelejo. Cepeda Castro parte del dato de que el 10% de los más ricos posee el 81% de las tierras cultivables, mientras el 90% de los propietarios accede apenas al 19% de la superficie rural. Esa estructura, afirma, es una de las mayores causas de pobreza y desigualdad en el campo y en las periferias urbanas a las que llegan las familias campesinas desplazadas.
El programa distingue entre la reforma agraria ya iniciada por el gobierno del Pacto Histórico y la Revolución Agraria que Cepeda Castro propone profundizar. Señala que el gobierno actual distribuyó 700.000 hectáreas y que alcanzará el millón antes de terminar el mandato. Su propuesta busca acelerar ese proceso, formalizar más tierras para el campesinado y consolidar la economía campesina como motor de la soberanía agroalimentaria del país, con reducción de precios de alimentos como resultado esperado.
La Revolución Agraria propuesta no es solo distributiva, sino también ecológica. El programa vincula la redistribución de tierras con la protección de páramos, agua y biodiversidad amazónica. Señala que donde antes existieron cultivos ilícitos, en su gobierno habrá alimentos; donde hubo exclusión, habrá justicia económica. Esta articulación entre lo agrario, lo ambiental y lo social es uno de los rasgos más coherentes del documento en cuanto a visión integral.
El programa también reconoce que millones de víctimas del conflicto armado son de origen campesino: de cada 10 personas en el Registro Único de Víctimas, 6 provienen del campo. Las mujeres campesinas, señala el texto, han padecido la peor parte de esa violencia. El candidato propone que las mujeres rurales tengan acceso preferencial a los títulos de propiedad de la tierra y a los programas de apoyo productivo que articule el nuevo gobierno.
Frente a la pregunta sobre las economías ilegales, el programa plantea que la Revolución Agraria es la principal estrategia para reemplazar cultivos ilícitos con producción legal y sostenible. Esta sustitución de paradigma, que el candidato extiende también a su postura en política exterior sobre drogas, busca reducir la dependencia de las comunidades rurales frente al narcotráfico y la minería ilegal. La reforma agraria, insiste el documento, no es una política rural aislada sino una estrategia de transformación económica integral.
Política exterior: paz, autonomía y defensa de los migrantes
El cuarto eje del programa aborda la política exterior desde Londres, donde Cepeda Castro presentó su visión a la comunidad colombiana en el exterior. El candidato plantea que Colombia debe convertirse en un actor principal de la paz en el mundo y contribuir a frenar la deriva hacia una tercera guerra mundial. Cita datos que indican que en 2024 se registraron 61 conflictos armados activos, la cifra más alta desde 1946, con 3 de ellos involucrando potencias nucleares.
Sobre el conflicto en Gaza, el programa asume una postura firme: apoya la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel adoptada por el gobierno de Petro y exige que Benjamín Netanyahu sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Cepeda Castro presenta la defensa de los derechos humanos no solo como un principio moral sino como un deber constitucional de los ciudadanos colombianos. En ese marco, el reconocimiento del genocidio palestino es parte explícita de su propuesta de política exterior.
La integración latinoamericana aparece como un tercer principio rector. El programa propone que Colombia insista en que Latinoamérica es una zona de paz que no prolifera la guerra entre naciones, rechazando la instalación de nuevas bases militares extranjeras y la membresía en alianzas bélicas como la OTAN. El candidato cuestiona las recientes tensiones en torno a Brasil y Venezuela como posibles maniobras de desestabilización geopolítica dirigidas a controlar los recursos naturales de la región.
El programa también dedica un capítulo a la política antidrogas, señalando que en 20 años Colombia gastó cerca de 80 billones de pesos en la lucha contra el narcotráfico con resultados insuficientes. Cepeda Castro propone una sustitución de paradigma: superar el prohibicionismo y promover internacionalmente un debate sobre la desregulación y la transformación productiva de los territorios rurales. Propone además convocar la conferencia internacional sobre drogas prevista en el Acuerdo Final de Paz de 2016, nunca materializada.
Los migrantes colombianos en el exterior son tratados en el programa como una población con derechos plenos que merece protección consular reforzada y políticas de retorno voluntario dignas. El candidato presenta el vínculo con la diáspora como un componente estratégico de la política exterior, no como un asunto marginal de asistencia. La defensa de la autonomía frente a Estados Unidos y la exigencia de reciprocidad en materia de cooperación antidrogas son también pilares de esta agenda internacional.
Revolución Social y Política: igualdad, participación y democracia
El quinto eje del programa es la Revolución Social, que Cepeda Castro articula desde Popayán. Propone reformas a la salud, la educación pública, el trabajo y las pensiones como pilares de una política social que no se limite a subsidios sino que construya derechos reales. El candidato señala que la clase media colombiana no debe ser sometida a la incertidumbre de la codicia, y que la política social debe beneficiar a todos, no solo a los sectores más adinerados del país.
En materia de seguridad, el programa adopta el concepto de seguridad humana como enfoque diferenciador frente al militarismo. Señala que la mayor seguridad se logra cuando hay paz y que la presencia de la Fuerza Pública en los territorios debe estar articulada con las comunidades, no impuesta sobre ellas. El candidato propone diálogos sociales que desactiven conflictos locales antes de que escalen, como complemento indispensable de cualquier política de orden público.
La Revolución Política propone transformar la ciudadanía de espectadora en poder constituyente. Cepeda Castro plantea que no es el Congreso sino la movilización organizada de la gente la que debe ordenar y mandar en Colombia. Anuncia su disposición a convocar un diálogo nacional amplio, a buscar acuerdos con los sectores poderosos y a extender la mano a quienes quieran construir país, pero con claridad de que el movimiento está igualmente dispuesto a movilizarse si los acuerdos no llegan.
El programa aborda también el protagonismo de las mujeres en las tres revoluciones que propone: ética, agraria y social. Señala que en cada reforma, las mujeres deben ocupar espacios decisorios en la vida política y económica. El texto reconoce el papel central que mujeres, madres buscadoras, lideresas sociales y funcionarias de justicia han cumplido en la lucha contra la impunidad en Colombia, y eleva ese reconocimiento a compromiso programático explícito.
El programa cierra su eje social con un llamado a proteger las reformas laborales y pensionales ya en marcha, a defender la reforma a la salud y a impulsar la reforma educativa pública. Cepeda Castro ve en estas transformaciones el contenido concreto de la segunda fase del cambio social, cuya continuidad depende de que en las elecciones de 2026 el Pacto Histórico logre mantenerse en el poder. El tono final del programa es de combate electoral tanto como de propuesta de gobierno.
El problema del obsesivo nombramiento: Uribe como eje narrativo
El hecho más llamativo del programa de Cepeda Castro no está en sus propuestas sino en su arquitectura discursiva. En 93 líneas distintas del documento aparece el apellido Uribe, y al menos 48 de esas referencias apuntan directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez como actor político, responsable histórico o adversario central. En un programa de 433 páginas diseñado para plantear una visión de futuro, esa cifra revela una situación polarizante que merece análisis crítico.
Un programa de gobierno es, por naturaleza, un documento orientado hacia adelante. Su función es establecer qué hará un candidato si accede al poder, no quién es el enemigo. Cuando Álvaro Uribe Vélez aparece en el texto de Cepeda Castro con mayor frecuencia que temas como educación, vivienda, medio ambiente o desarrollo regional, se produce un desequilibrio que puede leerse como una limitación estratégica del documento, independientemente de la legitimidad de las acusaciones formuladas contra el exmandatario.
Este nombramiento reiterado tiene varias dimensiones. Por un lado, refleja la trayectoria genuina de Cepeda Castro como parlamentario que dedicó más de una década a investigar y denunciar los vínculos del expresidente con el paramilitarismo. Por otro, en el marco de un programa presidencial, esa insistencia puede dar la impresión de que el candidato construye su identidad más en oposición a un adversario que a partir de una visión propia, autónoma y afirmativa del país que quiere gobernar.
Varios de los pasajes más contundentes del programa no hablan de lo que Cepeda Castro hará sino de lo que Uribe Vélez hizo: legalizar el despojo de más de 6 millones de hectáreas, impulsar reformas neoliberales que empobrecieron a millones, respaldar grupos paramilitares, profundizar la impunidad. Todo eso puede ser históricamente cierto y políticamente relevante. Pero el peso narrativo de ese relato acusatorio compite con la visión programática positiva y, en varios capítulos, la desplaza.
En la sección dedicada a la política social, por ejemplo, Cepeda Castro anuncia que su debate no es con los candidatos del Centro Democrático sino con “su verdadero jefe político: Álvaro Uribe Vélez”, al que califica de “titiritero” y cuyas “marionetas” serían sus copartidarios. Esta construcción política puede ser efectiva como estrategia de campaña, pero debilita el tono de un programa que en otros capítulos apela a la reconciliación, al acuerdo nacional y al diálogo con los sectores poderosos. La tensión entre ambos registros es evidente.
El problema de fondo no es que Cepeda Castro mencione a Uribe. El problema es que lo menciona tanto y de formas tan centrales que convierte al expresidente en el protagonista implícito de un documento que debería ser propiedad de los colombianos que lo apoyarían. Un candidato que presenta su hoja de ruta para gobernar a 50 millones de personas no debería necesitar 48 menciones al mismo adversario para justificar por qué quiere llegar al poder. Esa posición polarizante, al cabo de 433 páginas, termina diciéndole al lector que hay una sombra que este programa todavía no ha logrado abandonar.
