La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria temporal de la senadora Martha Peralta Epiayú, del Pacto Histórico, en medio de la investigación que adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD. La medida fue adoptada el jueves 18 de junio por la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción, y no correspondió a una decisión colegiada del alto tribunal, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos.
La noche del jueves 18 de junio, la Sala de Instrucción ordenó a la Policía Nacional conducir a la fuerza a la congresista a la diligencia de indagatoria. La orden de reclusión temporal en su lugar de residencia buscaba garantizar la asistencia de Peralta a la continuación de la diligencia, programada para el viernes 19 de junio. Fuentes internas del proceso indicaron que la magistrada Lombana intentó enviar a la senadora a un centro de detención para pasar la noche, pero por recomendación de la Procuraduría la medida se flexibilizó hacia una detención domiciliaria con vigilancia policial las 24 horas.
Peralta es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en un caso relacionado con irregularidades en la contratación de la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta actualmente el Gobierno nacional. El exdirector de la entidad, Olmedo López, fue quien puso a la senadora ante la justicia tras revelar en la Fiscalía que ella lo habría contactado para direccionar un contrato de maquinaria amarilla destinado a unos “amigos”. Esa licitación, por más de 2.000 millones de pesos, era para reparar jagueyes en La Guajira, pozos que permiten el acceso a agua en la región.
El caso tiene una dimensión política que va más allá del proceso judicial individual. En la audiencia de imputación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados como “cerebros” del entramado, la Fiscalía detalló el modus operandi de la organización delincuencial y señaló a Peralta como la “líder” de la estrategia política para asegurar los votos a la reforma pensional. Esta acusación la vincula directamente con el trámite de una de las reformas insignia del Gobierno Petro en el Congreso.
Antes de ingresar a la diligencia judicial, la senadora afirmó que las investigaciones en su contra obedecen a una supuesta “persecución política”. Para Peralta, este proceso constituye una persecución política motivada por su activa participación en la campaña presidencial de Iván Cepeda. La senadora también denunció que circulaban “rumores, chismes y titulares” falsos sobre allanamientos a su vivienda e incluso una supuesta captura previa, los cuales calificó como información sin sustento.
En medio del proceso, Peralta radicó un recurso de habeas corpus ante un juez de Bogotá por las restricciones a su libertad impuestas por la magistrada Lombana. La senadora también pidió el aplazamiento de la diligencia para examinar un nuevo paquete de pruebas que, según su abogado, no había sido entregado a la defensa por parte del alto tribunal. Antes de la audiencia, Peralta señaló que no era la primera vez que acudía a una citación y que había colaborado con las autoridades cada vez que fue requerida.
El componente temporal del caso resulta especialmente sensible dado el calendario electoral del país. La senadora permanecerá con detención preventiva hasta el próximo lunes 22 de junio, es decir, un día después de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. Esta coincidencia entre el proceso judicial y la jornada electoral alimenta el debate político sobre los tiempos de la justicia, en momentos en que Iván Cepeda, candidato cercano a Peralta, disputa la Presidencia frente a Abelardo de la Espriella.
El caso UNGRD se ha consolidado como uno de los escándalos de corrupción más extensos del actual Gobierno, con exministros, exfuncionarios y ahora una senadora del partido de Gobierno vinculados al proceso. Tras la indagatoria, corresponde a la magistrada Lombana definir la situación jurídica de Peralta, evaluar las pruebas recolectadas y determinar si existe mérito para avanzar hacia una investigación formal en su contra. El desenlace judicial, sumado al resultado de las urnas este domingo, definirá el rumbo de una de las figuras más visibles del oficialismo en el Congreso colombiano.
