Un juzgado penal de conocimiento de Soacha dictó sentencia condenatoria contra dos patrulleros de la Policía Nacional, encontrados responsables por su participación en la muerte de un manifestante y la posterior manipulación de pruebas. Los trágicos hechos tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2020 en el sector de Ciudad Verde, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante una jornada de protesta social. La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad directa de los uniformados.
El material probatorio expuesto en el juicio oral confirmó que los agentes Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla accionaron sus armas de dotación contra un grupo de ciudadanos que se manifestaban en las inmediaciones de la estación de policía local. Uno de los disparos efectuados por el patrullero Márquez Rojas impactó a un joven de nacionalidad venezolana que participaba en la movilización, causándole la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos durante la protesta.
Tras el deceso del joven, los dos funcionarios policiales ejecutaron un plan para desviar la investigación penal y evadir su responsabilidad institucional. Los patrulleros reportaron la totalidad de su munición asignada al momento de entregar las armas en el armerillo de la estación, buscando generar la falsa apariencia de que no habían accionado el armamento durante el operativo. Esta conducta permitió establecer fehacientemente que ambos servidores públicos incurrieron en maniobras deliberadas para ocultar, alterar y destruir elementos materiales probatorios fundamentales para el caso.
La sentencia condenatoria impuso una pena de 18 años de prisión para el patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas, tras ser hallado culpable por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Por su parte, el patrullero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla fue sentenciado a 50 meses de privación de la libertad, al ser encontrado responsable del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La decisión judicial busca sentar un precedente sobre la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que las investigaciones judiciales sobre los incidentes del 9 de septiembre de 2020 siguen vigentes y activas en todo el territorio. Las autoridades mantienen el objetivo de esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma jornada de protesta social en el área metropolitana de Bogotá. El ente investigador trabaja arduamente para identificar plenamente a los responsables de los demás decesos, buscando garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias en los estrados judiciales.
El fallo emitido por el despacho judicial de Soacha corresponde a una decisión de primera instancia, lo que faculta a la defensa de los condenados para interponer los recursos legales de ley. El Ministerio Público y los representantes de víctimas seguirán de cerca el curso de las apelaciones, reafirmando que la actuación de los miembros de la Fuerza Pública debe ajustarse estrictamente a los protocolos constitucionales. La vigilancia sobre el proceso penal asegura que ninguna acción de impunidad empañe la transparencia exigida por la sociedad colombiana.
La condena contra los uniformados marca un hito en la revisión de los procedimientos policiales aplicados durante las movilizaciones ciudadanas. El caso de Soacha subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y externo sobre el uso de la fuerza y la custodia de elementos probatorios en instalaciones de policía. La administración de justicia espera que esta condena sirva como un llamado a la protección integral de la vida y el respeto irrestricto por los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.
Este desenlace judicial confirma que la alteración de evidencias y el uso desproporcionado de armas institucionales conllevan consecuencias penales graves para los servidores públicos. La Fiscalía General reafirmó su compromiso institucional para depurar las malas prácticas y asegurar que la verdad prevalezca sobre los intentos de encubrimiento. La sociedad civil permanece expectante ante el avance de las indagaciones restantes, exigiendo resultados claros para cerrar este capítulo doloroso de la historia reciente de la justicia penal en el departamento de Cundinamarca y el resto nacional.
