La Fiscalía General de la Nación logró desmantelar el grupo delincuencial denominado ‘Los Correcaminos’, una organización delictiva especializada en la sustracción sistemática de piezas automotrices en el oriente del país. Las labores de inteligencia penal adelantadas por el cuerpo técnico permitieron establecer que los implicados recorrían en horas de la noche la vía Bogotá – Tunja y otros corredores viales aledaños, seleccionando paradores turísticos y zonas de parqueo desprotegidas para ejecutar sus operaciones ilegales en la periferia de las carreteras nacionales.
Los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades judiciales demuestran que los sospechosos realizaban una rigurosa inspección previa de los entornos residenciales y comerciales. Los delincuentes verificaban detalladamente los esquemas de seguridad locales, la ubicación exacta de las cámaras de videovigilancia privada y los caminos rurales de escape para evitar la acción de los cuadrantes policiales. Posteriormente, los asaltantes procedían a violentar la seguridad de las cabinas automotrices para extraer las piezas valiosas de los vehículos de carga pesada y particulares.
Las evidencias técnicas obtenidas por los peritos dan cuenta de que la estructura criminal utilizaba cizallas, herramientas industriales y dispositivos electrónicos de última generación para desactivar de manera rápida los sistemas de monitoreo satelital instalados en los automotores. Mediante esta modalidad técnica, los asaltantes lograban sustraer computadoras de a bordo, sensores de inyección y otras piezas mecánicas indispensables para el encendido del motor, elementos que posteriormente eran comercializados de forma clandestina en los mercados informales de repuestos usados en diversas zonas del país.
La investigación penal señala que ‘Los Correcaminos’ habrían materializado un total de 40 hurtos calificados entre octubre de 2025 y los primeros meses de 2026. El accionar delictivo de la banda se concentró de forma masiva en las jurisdicciones municipales de Monguí, Tópaga, Belén, Tipacoque, Floresta, Duitama, Susacón, Otanche, San Pablo de Borbur, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Zetaquirá, Rondón, Guateque, Sogamoso, Guayatá, Cómbita y Moniquirá. El avalúo comercial de los dispositivos robados por la red criminal superaba la cifra de 450 millones de pesos.
Frente a la contundencia de las denuncias interpuestas por los transportadores afectados, los uniformados materializaron las capturas de los ciudadanos Andrea Carolina Tavera Paloma, William Alexánder Gutiérrez Amaya, Aider Johan Salazar Peña y Angie Nicolle Moreno Hernández, identificados como presuntos integrantes principales de la red de receptación. Un fiscal especializado de la Seccional Boyacá asumió el control de los expedientes y presentó formalmente a los indiciados ante los despachos de los jueces correspondientes del circuito judicial de la región.
Durante las audiencias concentradas de legalización, el ente acusador imputó a los cuatro procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado en concurso homogéneo. A pesar de la solidez de los informes de seguimiento fotográfico presentados por la fiscalía de conocimiento, los investigados decidieron no aceptar los cargos atribuidos dentro del marco del debido proceso legal. Los juristas ordenaron que los sospechosos deberán cumplir una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en un establecimiento carcelario regional.
El golpe estructural contra esta cadena de delincuencia organizada alivia la creciente preocupación de los gremios de camioneros y empresas de transporte intermunicipal que circulan diariamente por Boyacá. Los líderes del sector transportador manifestaron que los continuos asaltos en los paraderos nocturnos afectaban severamente la competitividad logística de los despachos agropecuarios hacia los centros de abasto de Bogotá. Las redes de participación cívica vial continuarán aportando material audiovisual para identificar a los posibles enlaces comerciales de la banda dedicados a la distribución urbana.
Las agencias de control fronterizo e inspección aduanera incrementarán los operativos de registro en las zonas comerciales de autopartes para detectar los cargamentos de computadoras vehiculares que no tengan las facturas legales de importación o manifiestos vigentes. El comando de la policía departamental instó a los propietarios de talleres mecánicos a abstenerse de adquirir piezas a precios inferiores a los del mercado formal para evitar incurrir en conductas punibles. Los operativos judiciales continuarán desarrollándose en las principales arterias del departamento para neutralizar las bandas delictivas remanentes.
