La justicia colombiana dictó sentencia condenatoria contra 13 personas responsables de organizar y financiar una convención internacional de peleas de perros en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Tras aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron hallados culpables de los delitos de muerte a animales y lesiones agravadas por su ejecución con fines de explotación económica, marcando un precedente en la lucha contra esta modalidad de maltrato.
La investigación, liderada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA), se originó tras el operativo realizado el 14 de marzo de 2026 en una finca de la vereda Aurora Alta. En el sitio, las autoridades intervinieron un espacio acondicionado como ring de pelea, rodeado de graderías, alimentos y bebidas para los asistentes al evento clandestino. La diligencia permitió rescatar a 12 caninos, mientras que otros dos fueron encontrados sin vida con visibles signos de violencia traumática.
Entre los condenados se encuentran nueve ciudadanos extranjeros provenientes de Ecuador, República Dominicana y Venezuela, quienes financiaron el encuentro y se desplazaron al país exclusivamente para participar en las confrontaciones. Los otros 4 implicados son de nacionalidad colombiana, destacándose en este grupo Julián Esteban León Ramírez, identificado como el organizador principal de la convención, y el médico veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández, cuya participación técnica resultó determinante para la ejecución del evento ilegal.
La sentencia impuesta a los 13 implicados establece una pena de 31 meses y 15 días de prisión para cada uno. Además de la privación de la libertad, los condenados deberán cancelar una multa económica equivalente a 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se dictó una inhabilidad definitiva para el ejercicio de cualquier actividad profesional o personal relacionada con la tenencia, cuidado o manejo de animales domésticos por el mismo periodo de la sanción privativa.
El hallazgo de los perros con afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado confirmó la recurrencia de estas prácticas violentas en la finca intervenida. El equipo de veterinarios forenses que atendió la escena determinó que los ejemplares rescatados habían sido sometidos a una exposición reiterada a situaciones de estrés extremo y lesiones físicas graves. Actualmente, los 12 animales recuperados se encuentran bajo programas especializados de rehabilitación integral para superar las secuelas del abuso sufrido.
Este golpe estratégico contra la red de peleas ilegales refuerza el compromiso interinstitucional por salvaguardar la integridad de los seres sintientes en el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que cualquier actividad que promueva la explotación económica de animales, especialmente mediante espectáculos de crueldad, será perseguida con el máximo rigor de la ley penal. La colaboración de la ciudadanía mediante la denuncia oportuna continúa siendo fundamental para prevenir la ocurrencia de estos actos en zonas rurales.
El caso de La Calera envía un mensaje claro sobre la intolerancia social y estatal hacia la tortura animal disfrazada de espectáculo. La judicialización de profesionales, como el veterinario involucrado, subraya la gravedad de utilizar conocimientos especializados para fomentar prácticas criminales que vulneran los derechos humanos y la protección del bienestar animal. Este es un paso fundamental para erradicar las estructuras delictivas que operan en la sombra, aprovechando la infraestructura de fincas alejadas para evadir las acciones de control.
Finalmente, el Estado colombiano ratifica su postura de cero tolerancia frente al maltrato animal, intensificando las operaciones en todas las regiones para detectar centros de entrenamiento o encuentros clandestinos. La sentencia judicial marca un hito en la protección de los animales, advirtiendo que los promotores de estas redes enfrentarán sanciones ejemplarizantes. La sociedad civil es invitada a seguir reportando comportamientos inusuales ante las autoridades para asegurar que el maltrato animal deje de ser una práctica invisible en nuestra geografía.
