La Policía Nacional propinó un golpe contundente a las estructuras delictivas que alteran el orden público en el litoral pacífico colombiano mediante la ejecución de una operación de asalto coordinada. Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en alianza con personal de inteligencia y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a seis presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Shottas, contrarrestando sus actividades delictivas perimetrales.
El despliegue de los investigadores se desarrolló en el marco de las estrategias institucionales denominadas Plan Cazador y Buenaventura Segura 2026. Las misiones de asalto, llamadas técnicamente operación El Dorado, contemplaron registros simultáneos en las mallas urbanas de los barrios Nueva Colombia y El Dorado, extendiéndose hacia las áreas rurales del corregimiento de Juanchaco. Las labores de control posibilitaron la ubicación exacta de los sospechosos requeridos judicialmente por los despachos de la judicatura.
Las evidencias recopiladas por las agencias del sector seguridad demuestran que los detenidos intimidaban de manera sistemática a la población civil utilizando armas de fuego de corto alcance. Los asaltantes perpetraban robos violentos contra los residentes, forzando a los núcleos familiares a abandonar de forma abrupta sus viviendas legítimas bajo la amenaza inminente de muerte. Una vez desocupados los inmuebles residenciales, la banda los convertía en bodegas clandestinas para almacenar estupefacientes.
Los registros de la central policial identificaron a los ciudadanos capturados mediante los alias de Alfonso, Chirina, Magneto, Fabián y Luchito, sumados a un individuo reportado bajo el nombre de Ferney. Los peritos judiciales establecieron de forma preliminar que estos sujetos acumulaban una trayectoria delictiva continua de aproximadamente siete años dentro de la estructura armada. Su permanencia en las filas criminales les permitía coordinar las misiones de extorsión y microtráfico.
La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a los indiciados los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Los hechos punibles documentados por los fiscales afectaron de manera directa a los habitantes de las comunas 11 y 12 del Distrito Especial de Buenaventura, donde los comerciantes padecían constantes pérdidas financieras. De igual manera, los laboratorios forenses investigan la presunta participación de los delincuentes en dos homicidios.
La deconstrucción de estas redes criminales perimetrales disminuye el riesgo social que golpea a las mallas residenciales de la provincia de la costa vallecaucana. Los analistas del sector defensa consideran que el éxito operativo debilita las líneas de suministro logístico que las bandas se disputan en los muelles de exportación marítima del Pacífico. Las mallas de colaboradores cívicos continuarán aportando información oportuna para consolidar las capturas de los mandos medios remanentes.
Un juez de la república con funciones de control de garantías avaló el balance probatorio expuesto por el ente acusador durante el desarrollo de las audiencias concentradas. El administrador de justicia dictó medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario contra los seis implicados, declarándolos formalmente como un peligro severo para la sociedad. Los imputados permanecerán recluidos en un pabellón de máxima seguridad del departamento.
Robustecer la presencia institucional del Estado mediante patrullajes coordinados en los cuadrantes marítimos blindará la economía pesquera tradicional frente al azote de la extorsión armada. Las mallas comunitarias de Buenaventura valoraron positivamente el resultado civil, destacando que el desmantelamiento de estas guaridas urbanas permite iniciar los procesos de retorno seguro para las familias desplazadas. Las autoridades del Valle mantendrán operativos permanentes en las comunas vulnerables para asegurar el ordenamiento del territorio.
