La Policía Nacional de Colombia, en una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Seccional Tolima, ejecutó la captura de seis ciudadanos implicados en graves afectaciones a los derechos humanos. Entre los detenidos sobresale el perfil de alias Víctor Chala, presunto integrante de la Estructura 36 de las disidencias de las antiguas insurgencias. El operativo se materializó el 14 de junio de 2026 en el municipio de Flandes, Tolima, tras misiones sostenidas de inteligencia.
Las carpetas investigativas de la policía judicial señalan a alias Víctor Chala como el presunto responsable material de los delitos de tortura y homicidio agravado contra el periodista Mateo Pérez. El crimen contra el comunicador social se perpetró el pasado 7 de mayo de 2026 en el casco urbano de Briceño, en el departamento de Antioquia. Las auditorías del caso demuestran que el procesado actuaba bajo las órdenes directas de los cabecillas de la estructura delincuencial al mando de alias Calarcá.
El indiciado posee una trayectoria delictiva acumulada de más de 10 años en los departamentos de Antioquia y Córdoba, liderando redes de extorsión y microtráfico en las provincias. De igual forma, las agencias de seguridad lo vinculan formalmente con la comisión sistemática de homicidios contra firmantes de los acuerdos de paz y defensores de derechos humanos. Los peritos judiciales determinaron que el capturado ejercía funciones de mando medio y coordinaba los anillos de seguridad del sector rural.
Las labores de policía judicial evidencian que el detenido actuaba como la mano derecha del jefe criminal alias Primo Gay, un peligroso dinamizador de acciones terroristas en el noroccidente colombiano. Las autoridades político-administrativas del país mantienen vigente una recompensa económica que asciende hasta los 640 millones de pesos por información que facilite la captura de este último cabecilla. Ante la presión sostenida de las patrullas en Antioquia, alias Víctor Chala pretendía refugiarse en el sur del territorio nacional.
Durante los procedimientos técnicos de allanamiento practicados por los comandos especializados en las viviendas de Flandes, se logró la incautación de un importante material bélico y logístico. Los uniformados decomisaron un total exacto de cuatro armas de fuego de corto alcance, ocho proveedores metálicos y más de 100 cartuchos de munición. Asimismo, los peritos aduaneros y financieros avalaron el decomiso de 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta de alta gama y siete terminales móviles celulares.
Las terminales telefónicas incautadas fueron ingresadas de forma inmediata a las mallas de cadena de custodia para la posterior extracción de datos magnéticos por ingenieros informáticos forenses. El análisis de los registros de comunicaciones permitirá individualizar los nexos comerciales de la banda y prevenir futuras acciones terroristas contra las infraestructuras viales. Los investigadores penales indagan si el dinero en efectivo decomisado corresponde al cobro de extorsiones recientes realizadas a comerciantes formales e ingenios productivos de la región tolimense.
La captura del presunto sicario se suma a los resultados operativos obtenidos recientemente en la ciudad de Cúcuta, relacionados con el asesinato del reportero Cristian Herrera. Los voceros de las instituciones de seguridad reiteraron que las agresiones contra el gremio de prensa y los líderes comunitarios recibirán respuestas punitivas contundentes. Los seis procesados fueron puestos a disposición de fiscales especializados de la Seccional Tolima para legalizar los allanamientos, imputar los cargos e imponer medidas de aseguramiento carcelario.
La Dirección de Investigación Criminal recordó a la población civil la disponibilidad de canales institucionales y líneas telefónicas de emergencia gratuitas para denunciar de forma confidencial los actos ilícitos. La línea nacional 147 del Gaula y la ruta 141 para prevenir el reclutamiento infantil permanecen habilitadas bajo protocolos de absoluta reserva de identidad. Las autoridades en 2026 ratificaron su compromiso de desmantelar los focos de violencia organizada, garantizando la vigencia plena de los derechos y libertades constitucionales en las provincias.
