La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la suspensión temporal de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas en la capital y el departamento de Cundinamarca. Esta restricción integral busca salvaguardar el orden público y garantizar el normal desarrollo de la próxima jornada electoral. Las autoridades militares confirmaron que la directriz se ampara estrictamente en la Resolución 00004131 de 2026 expedida para regular los dispositivos de seguridad ciudadana durante los comicios generales programados.
El mandato de restricción de armamento entrará en vigor de manera oficial desde las 06:00 horas del próximo sábado 20 de junio de 2026. Los ciudadanos del centro del país deberán acatar de forma obligatoria los lineamientos operativos hasta las 06:00 horas del lunes 22 de junio de 2026. Los comandantes de los batallones territoriales coordinarán patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana para vigilar las calles urbanas y los corredores viales principales que comunican a las provincias circundantes.
La jefatura militar aclaró taxativamente que la medida de suspensión abarca la gran mayoría de localidades de la sabana, exceptuando únicamente a los municipios de Medina y Paratebueno. De igual forma, el documento legal establece que el beneficio de excepción cobijará temporalmente a las poblaciones llaneras de San Juanito y El Calvario, ubicadas geográficamente en el departamento del Meta. En dichos territorios específicos los habitantes autorizados previamente podrán mantener sus condiciones normales de transporte de equipos defensivos personales.
Por otra parte, la resolución oficial estipula un listado riguroso de excepciones para salvaguardar la operatividad de los organismos protectores autorizados en el territorio. Los permisos especiales otorgados directamente a las entidades del Estado mantendrán plena vigencia legal durante todo el fin de semana de votaciones. Asimismo, los empleados adscritos a las empresas de vigilancia privada y seguridad corporativa legalmente constituidas podrán portar sus mallas de dotación reglamentaria en cumplimiento estricto de sus misiones cotidianas fijadas.
Las misiones diplomáticas acreditadas ante la república de Colombia y los consulados extranjeros también se encuentran totalmente exentos del cumplimiento de esta prohibición transitoria de armamento. El personal activo de las fuerzas armadas y los veteranos pensionados de la Fuerza Pública conservarán la facultad legal para movilizar sus implementos reglamentarios según las bitácoras institucionales. Esta misma prerrogativa cobijará de forma directa a los profesionales oficiales de la reserva que apoyan activamente las labores logísticas desplegadas.
Los controles en los puestos de votación urbanos y rurales se incrementarán notablemente con la participación de 5.000 uniformados desplegados en puntos críticos del centro del país. Los oficiales inspeccionarán minuciosamente los vehículos particulares y de servicio público para incautar las armas de fuego que no cuenten con las salvaguardas legales correspondientes. El Plan Democracia contempla la instalación de mallas de seguridad perimetral alrededor de los escrutinios para evitar alteraciones graves del orden civil.
Las personas que infrinjan la normativa aduanera o militar de desarme se expondrán a severas sanciones penales que contemplan la incautación definitiva de los bienes decomisados. Los fiscales de la nación trabajarán de forma articulada en las Unidades de Reacción Inmediata para agilizar los procesos de judicialización de los capturados en flagrancia. Las directivas castrenses instaron a los líderes barriales a denunciar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso que ponga en riesgo la estabilidad comunitaria local.
Garantizar escenarios democráticos transparentes y libres de coacción armada constituye la prioridad absoluta de los organismos de seguridad del Estado para este periodo institucional de elecciones. El éxito operativo de estas jornadas de restricción medirá la efectividad de las mallas institucionales encargadas de amparar el derecho al voto de la población civil colombiana. Los comités de seguimiento continuarán sesionando de forma permanente en las salas de crisis metropolitanas con el fin de consolidar la tranquilidad ciudadana esperada.
