Un juez penal de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Campo Elías Castañeda Valencia, alias Morocho, Chuchi o Empatía. Este individuo, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, estaría vinculado directamente con el atentado perpetrado el 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare, evento en el cual resultaron heridos el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa.
Las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación señalan que el procesado desempeñó un rol determinante en la articulación de la acción violenta. Se presume que el sujeto fue el encargado de contactar a los autores materiales del ataque armado, además de asumir la responsabilidad de planear, dirigir y coordinar las tareas de vigilancia y seguimiento efectuadas previamente sobre la víctima para garantizar el éxito del atentado.
El material probatorio indica que alias Morocho tuvo la función estratégica de alertar a los agresores sobre el momento preciso en que el comunicador abandonó su residencia. Este detalle fue crucial, puesto que el atentado se ejecutó específicamente en el instante en que la víctima salió de su domicilio sin contar con el esquema de protección asignado. Dichas acciones evidencian una planificación detallada para vulnerar la integridad del periodista y sus acompañantes.
Tras obtener una orden de captura emitida por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, unidades de la Policía Nacional materializaron la detención del implicado. El arresto se llevó a cabo durante un procedimiento rutinario de verificación de antecedentes judiciales realizado en una vía pública de la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, permitiendo la puesta a disposición del capturado ante las autoridades judiciales competentes.
Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó formalmente los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, y concierto para delinquir agravado. Ante los cargos presentados por el ente acusador, el procesado decidió no aceptar su responsabilidad en los hechos narrados, por lo cual enfrentará el proceso penal bajo la medida de privación de la libertad.
Es importante resaltar que esta captura constituye un avance significativo en la investigación, siendo el cuarto sujeto judicializado por su presunta participación en el ataque armado contra el comunicador. El avance del proceso refleja el compromiso de las instituciones para esclarecer los delitos cometidos contra la libertad de prensa y garantizar justicia para los afectados por este tipo de agresiones violentas en el departamento del Guaviare y sus zonas aledañas.
La desarticulación de esta estructura criminal y la judicialización de sus miembros busca mitigar el impacto de la violencia ejercida por las disidencias de las Farc contra sectores sociales y medios de comunicación. Las autoridades judiciales mantienen la reserva de las líneas investigativas para determinar si existen más integrantes de la organización involucrados en la logística o financiación de este atentado, asegurando que todos los responsables sean sometidos al rigor de la ley.
Finalmente, las entidades estatales reiteran su disposición para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos en regiones de alto riesgo, condenando cualquier intento de silenciar la labor informativa a través de las armas. La medida de aseguramiento impuesta a Castañeda Valencia es un paso necesario dentro de la estrategia de persecución penal contra las estructuras que operan en los Llanos Orientales y el piedemonte amazónico colombiano.
