La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez ambulante de control de garantías a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá. El procesado es señalado como un presunto cabecilla de una estructura armada perteneciente a las disidencias de las Farc con influencia en el sur del país. Las misiones de captura y judicialización cobijaron de igual forma a otras 5 personas acusadas de brindar servicios de seguridad ilegal y coordinar los desplazamientos del jefe subversivo entre Antioquia y Caquetá.
Las capturas en flagrancia fueron ejecutadas por unidades de la Dijin de la Policía Nacional en el peaje del municipio de Flandes, Tolima. Los uniformados interceptaron una camioneta particular donde hallaron un arsenal compuesto por exactamente 4 pistolas calibre 9 milímetros, 8 proveedores y 115 cartuchos para fusil. Asimismo, las misiones de registro e inspección civil permitieron la incautación de 7 teléfonos celulares de gama alta y la suma de 33 millones de pesos colombianos guardados en efectivo dentro del automotor.
Las misiones de verificación de antecedentes permitieron constatar que 2 de los acompañantes del cabecilla mantenían un vínculo laboral vigente con una empresa de vigilancia privada. Sin embargo, los operarios no contaban con los permisos oficiales requeridos para el porte de armas de fuego ni certificaron contratos formales con el indiciado. Los peritos judiciales determinaron que los escoltas prestaban la protección de forma autónoma para evadir los controles de las mallas de la policía en las carreteras intermunicipales de la república.
Los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales vinculan al procesado con graves delitos cometidos en los últimos años. Las bitácoras de inteligencia militar confirman que, entre 2023 y 2025, alias Víctor Chalá integró activamente el frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc. Dicha facción armada ilegal concentra sus misiones delictivas en el departamento del Huila, sembrando el terror mediante el cobro de cuotas extorsivas severas.
Los informes periciales detallan que el cabecilla coordinaba de forma directa las mallas de extorsión económica contra comerciantes, transportadores y ganaderos en Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe. La presión armada ejercida por las misiones del grupo irregular afectaba gravemente la rentabilidad de las microempresas y deprimía los presupuestos de las familias rurales de la provincia. El recaudo ilícito de los dineros era redireccionado posteriormente para financiar la logística militar de los frentes guerrilleros que operan en los corregimientos andinos.
Ante la contundencia de las evidencias físicas aportadas, la Fiscalía imputó a la totalidad de los procesados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Adicionalmente, para los ciudadanos Chalá Torrejano y Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio, el ente acusador sumó el cargo de concierto para delinquir agravado. Las misiones judiciales ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario para estos 2 imputados, buscando salvaguardar la vida de las víctimas y evitar fugas oportunistas de los penales.
Por su parte, las mallas de la judicatura otorgaron una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia para los 4 acompañantes restantes identificados por los investigadores. Los implicados Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez y Diego Alejandro Bernal Hernández deberán portar brazaletes de monitoreo electrónico mientras avanza el juicio penal. Las misiones de control penitenciario vigilarán estrictamente el cumplimiento de la detención domiciliaria para evitar contactos con las redes criminales activas de la sabana.
Consolidar la desarticulación de estas estructuras criminales translocales mide el grado de efectividad de las agencias del Estado encargadas de amparar el orden constitucional en la presente temporada 2026. Desmantelar las mallas logísticas de las disidencias de las Farc en el Huila dinamiza la reactivación económica del comercio menor, devolviendo la tranquilidad a las provincias que sufren el asedio de la violencia endémica. Las agencias de monitoreo penal continuarán procesando las denuncias de los tenderos afectados, proyectando un panorama judicial muy alentador para el sur colombiano.
