Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Tathiana María Muñoz Muñoz, fisioterapeuta señalada de generar graves lesiones a tres personas en Medellín. La determinación judicial responde a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tras comprobarse la presunta responsabilidad de la mujer en la aplicación de procedimientos estéticos realizados sin las condiciones técnicas ni sanitarias requeridas en la capital antioqueña.
Los hechos se presentaron entre julio y agosto de 2024, cuando un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento ubicado en el barrio Belén. Allí, Muñoz Muñoz habría inyectado una sustancia promocionada como quemador de grasa en diversas partes del cuerpo de los pacientes. La investigación confirmó que dicho producto carecía de registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), exponiendo a las víctimas a riesgos críticos de salud.
Como resultado de esta práctica ilegal, las tres personas afectadas sufrieron complicaciones que derivaron en la necesidad de atención médica urgente. Las secuelas identificadas por los especialistas incluyen deformidades físicas y perturbaciones funcionales permanentes. Estos hallazgos clínicos fueron fundamentales para sustentar la acusación contra la fisioterapeuta, quien operaba el establecimiento sin cumplir con las normas de seguridad exigidas para la realización de procedimientos de este tipo.
La captura de Muñoz Muñoz fue efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo operativo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín. La diligencia de registro y allanamiento tuvo lugar en un local comercial del barrio La América, donde, al momento de la intervención, se detectó que la procesada continuaba realizando procedimientos invasivos carentes de los permisos administrativos y sanitarios obligatorios para el ejercicio de estas labores.
Un fiscal de la Seccional Medellín imputó a la mujer los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Aunque los cargos fueron presentados formalmente durante la audiencia concentrada, la procesada decidió no aceptar la responsabilidad por los hechos que se le atribuyen. A pesar de su negativa, la contundencia de las pruebas recolectadas fue suficiente para que el juzgado ordenara su reclusión inmediata en centro carcelario.
Este caso pone nuevamente en alerta a la ciudadanía sobre los peligros de acudir a establecimientos que ofrecen servicios estéticos sin las certificaciones oficiales. La Secretaría de Salud de Medellín continúa realizando operativos de inspección para clausurar locales donde se realicen prácticas invasivas por parte de personal no autorizado o con sustancias ilícitas. La seguridad de los pacientes depende, en gran medida, de la verificación previa de los registros sanitarios y profesionales en las entidades competentes.
La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de la integridad de los ciudadanos frente a prácticas delictivas que atentan contra la salud pública. La recolección de testimonios y los dictámenes periciales realizados a las víctimas fueron elementos decisivos para obtener la medida de aseguramiento. El proceso judicial seguirá su curso para determinar la responsabilidad definitiva en los daños físicos causados a las tres personas durante el tiempo que operó el establecimiento.
Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier irregularidad observada en centros estéticos, tales como la ausencia de permisos, el uso de productos sin aval del Invima o la realización de intervenciones por personas sin título médico acreditado. La prevención de estos delitos es una prioridad para garantizar la salud de los habitantes de Medellín y evitar que nuevos ciudadanos resulten afectados por procedimientos que comprometen su bienestar funcional y estético de manera irreversible.
