El equipo de profesionales del derecho que lidera la representación judicial de los ciudadanos Esteban Felipe Henao López y Ruth Verónica Lengua Carrillo emitió un comunicado oficial. El pronunciamiento de la bancada de litigantes surge como respuesta directa ante las recientes declaraciones difundidas por el canal de televisión nacional RCN. Las notas periodísticas emitidas en el horario estelar nocturno hicieron alusión pública a la supuesta existencia de investigaciones de carácter penal o administrativo en contra de los mencionados representados.
Los defensores técnicos manifestaron de manera expresa que sus protegidos atenderán oportunamente cualquier requerimiento formal que lleguen a formular las autoridades competentes del aparato judicial. El documento público reitera que Henao López y Lengua Carrillo comparecerán de forma regular a las diligencias procesales a las que sean convocados de conformidad con la ley. El ejercicio de la defensa se amparará estrictamente en las garantías constitucionales y los derechos procesales que reconoce el ordenamiento jurídico vigente.
La bancada de apoderados recordó con rigurosidad que toda persona en el territorio nacional se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria judicial definitiva que demuestre lo contrario. En ese sentido, explicaron técnicamente que la divulgación en medios de comunicación sobre una eventual indagación preliminar no constituye de ninguna manera una prueba de responsabilidad. Los juristas cuestionaron con vehemencia la formulación anticipada de juicios o los señalamientos públicos generalizados en los espacios informativos viales.
El texto de la defensa cuestionó directamente los testimonios de las presuntas víctimas identificadas en la nota televisiva como Marilyn Linares, Ingrid Ortiz y una supuesta extrabajadora de la firma. Los litigantes insistieron en que las afirmaciones ventiladas en la pantalla carecen de un soporte probatorio validado por los peritos técnicos de los despachos judiciales. Por consiguiente, la defensa exigió que el manejo informativo de este sensible asunto se aborde bajo estrictos criterios de objetividad, prudencia y responsabilidad social.
Los abogados defensores enfatizaron en la obligación legal de preservar los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y a la honra de las personas implicadas en el caso. Asimismo, recordaron que las actuaciones procesales iniciales se encuentran cobijadas bajo el principio constitucional de la reserva legal para garantizar la transparencia de los análisis. Los apoderados viales advirtieron que la vulneración de estos límites normativos puede desviar el normal desarrollo de las averiguaciones formales.
Ante la gravedad de las acusaciones ventiladas en las redes y medios en este 2026, los profesionales del derecho anunciaron el inicio inmediato de las acciones judiciales correspondientes. Las querellas formales se interpondrán por las conductas de información injuriosa y calumniosa que afecten la dignidad comercial y personal de sus cobijados. De igual modo, los juristas denunciaron la ejecución de actos sistemáticos de acoso cibernético y ataques verbales en contra de las mallas del personal operativo.
Las agresiones y presiones directas han afectado gravemente a los cirujanos plásticos, médicos esteticistas, secretarias del área administrativa, familiares cercanos y allegados de los investigados. El equipo jurídico denunció de forma prioritaria ante las comisiones de infancia que la nota periodística vinculó de manera irregular y sin fundamento a un menor de edad. Los defensores catalogaron esta ligereza comunicativa como una flagrante violación a los tratados internacionales que protegen el bienestar de la niñez.
Por respeto absoluto al debido proceso, a las mallas de investigación penal vigentes y a la privacidad de las partes denunciantes, los apoderados no emitirán pronunciamientos adicionales. La bancada de litigantes concentrará sus misiones técnicas en la recolección de pruebas documentales para desvirtuar las sindicaciones ante las instancias de control pertinentes. El porvenir de los debates jurídicos se trasladará de forma exclusiva a los estrados judiciales para asegurar un fallo técnico libre de presiones mediáticas externas.
