La Superintendencia de Industria y Comercio impuso rigurosas sanciones administrativas a un funcionario público de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander y a un contratista del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. El organismo fiscalizador actuó en su calidad de autoridad nacional para la protección de la competencia. La investigación preliminar comprobó la existencia de un entramado criminal diseñado expresamente para direccionar millonarios procesos de selección contractual.
Las pesquisas lideradas por la Delegatura para la Protección de la Competencia determinaron que la empresa San Marcos Servicios Ambientales S.A.S. lideró este sistema anticompetitivo. La firma privada manipuló con éxito un total de 7 procesos de contratación pública diferentes, infringiendo el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. El reporte oficial confirma que 4 de las licitaciones amañadas pertenecían a la institución policial, mientras que las 3 restantes afectaron los recursos del instituto de la niñez.
El modus operandi de la organización ilegal consistía en gestionar contactos de alto nivel dentro de las entidades estatales para capturar información confidencial y privilegiada. Mediante la promesa y el pago sistemático de dádivas económicas a los estructuradores, la firma redujo las presiones competitivas del mercado logrando que le adjudicaran la totalidad de los contratos investigados. Estas conductas fraudulentas anularon la participación de otros oferentes legítimos que pretendían competir honestamente en las convocatorias.
La entidad de control demostró que la sociedad sancionada influenciaba de forma directa las condiciones técnicas y los pliegos de requisitos exigidos en los concursos. El representante legal radicaba cotizaciones falsas de su propia empresa y de terceros para inflar artificialmente el presupuesto oficial de la contratación pública. En varias ocasiones, los funcionarios cómplices solicitaron modificaciones específicas en los documentos para adaptar los requerimientos institucionales a la capacidad técnica exacta que ofrecía la firma beneficiada.
El funcionario de la academia policial y el contratista del instituto distrital desempeñaron roles estratégicos como evaluadores técnicos de las propuestas presentadas. Aprovechando sus cargos, los implicados facilitaron el acceso a datos reservados sobre las fechas de apertura de los procesos de selección y las calificaciones internas. El rastreo de correos electrónicos y conversaciones telefónicas evidenció una comunicación permanente y sospechosa entre los servidores corruptos y la junta directiva de la empresa privada.
La recolección de pruebas electrónicas durante las visitas de inspección de la superintendencia resultó fundamental para demostrar las transferencias monetarias ilegales por el direccionamiento contractual. Los investigadores contables cruzaron las bases de datos financieras para verificar el pago efectivo de los sobornos a las personas naturales vinculadas a los comités evaluadores. Con estas acciones, la autoridad estatal busca proteger el erario nacional y garantizar que el sistema de compras públicas funcione bajo criterios de transparencia.
La decisión administrativa proferida representa un hito institucional en las políticas colectivas de lucha contra la corrupción estatal durante este año 2026. Los analistas del mercado corporativo señalaron que alterar los mecanismos de la libre competencia económica encarece los servicios públicos y debilita la confianza de los inversionistas extranjeros. Las conductas sancionadas lesionan directamente el patrimonio colectivo de los ciudadanos, puesto que los dineros desviados debían destinarse a programas de bienestar social.
La resolución sancionatoria se encuentra actualmente en proceso formal de notificación a los abogados de las partes implicadas y no ha quedado en firme. Los ciudadanos sancionados disponen del recurso legal de reposición, consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, para controvertir los cargos ante las instancias superiores. El organismo regulador ratificó que mantendrá la vigilancia sobre los portales de contratación del Estado para evitar que se repitan estas prácticas restrictivas.
