La Armada de Colombia, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial, asestó un golpe contundente a las finanzas del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Las operaciones fluviales conjuntas permitieron la incautación de maquinaria pesada y la destrucción de infraestructura empleada para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zonas rurales de los departamentos de Bolívar y Antioquia. Estas acciones institucionales buscan proteger los recursos hídricos de la nación frente a la contaminación ambiental.
La primera intervención se ejecutó en el río Magdalena, a la altura del municipio de Pinillos, Bolívar. En este punto, efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 registraron una embarcación tipo ferry que transportaba tres excavadoras de gran capacidad. Durante la inspección técnica, el operario encargado no presentó los registros de importación, autorizaciones de tránsito ni certificados de legalidad de los equipos, procediendo a su decomiso inmediato.
Informes de inteligencia militar señalan que los elementos retenidos pertenecían presuntamente a la subestructura Erlin Pino Duarte, facción criminal que financia sus actividades terroristas mediante el lavado de activos e impuestos extorsivos a la minería informal. Con la inmovilización de estos activos logísticos, las fuerzas armadas neutralizan el avance de la degradación ambiental en las fuentes hídricas del Caribe y debilitan el brazo financiero de los cabecillas rurales.
Simultáneamente, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 desplegaron un operativo en el río Murrí, jurisdicción del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia. En este sector selvático, las autoridades ubicaron y desmantelaron tres Unidades Productoras Mineras que operaban de forma clandestina. El complejo ilegal generaba millonarias ganancias mensuales a los grupos criminales mediante la extracción descontrolada de metales preciosos sin licencias gubernamentales pertinentes.
Durante la incursión en territorio antioqueño, los uniformados destruyeron de manera controlada una excavadora adicional, dos motores diésel industriales y tres motobombas de alta presión. Asimismo, el reporte oficial confirmó la afectación de tres clasificadoras mineras metálicas, 2.500 metros de manguera de succión y el derrame controlado de aproximadamente 1.600 galones de ACPM utilizados para los sistemas de combustión interna. Todo el material químico fue neutralizado técnicamente.
La infraestructura destruida en el departamento de Antioquia servía como base operativa para la subestructura delictiva Carlos Vásquez, perteneciente al mismo entramado criminal del Clan del Golfo. Las autoridades ambientales advirtieron que los insumos incautados representan un peligro inminente para la fauna local, debido al vertimiento indiscriminado de combustibles y sedimentos pesados sobre el ecosistema fluvial del río Murrí, afectando la pesca de subsistencia nativa.
La Brigada de Infantería de Marina No.1 ratificó que mantendrá la ofensiva militar en los corredores fluviales estratégicos de la región septentrional durante este año 2026. Los planes operativos vigentes priorizan la recuperación de los suelos degradados y el acompañamiento permanente a las comunidades étnicas vulnerables. Las autoridades recuerdan que la explotación ilícita de minerales tipifica delitos ambientales graves que conllevan severas penas de prisión.
Los comandantes de la Fuerza Naval del Caribe exhortaron a la ciudadanía a cooperar con las agencias del Estado suministrando información oportuna. Para este propósito, la institución militar mantiene habilitada la línea telefónica gratuita 147, un canal seguro que atiende denuncias de forma anónima las 24 horas del día. Mediante estos mecanismos de participación comunitaria, se busca consolidar un control territorial efectivo frente al flagelo transnacional.
