La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocida comercialmente como Movistar. La investigación administrativa, contenida en la Resolución 21211 del 26 de marzo de 2026, surge tras múltiples denuncias de usuarios que reportaron cobros por equipos repetidores de WiFi denominados "Baseport". Según los quejosos, dichos cargos se realizaron sin su consentimiento previo, expreso e informado, lo que constituiría una vulneración directa al derecho de libre elección de los consumidores.
El análisis preliminar realizado por la autoridad abarca un periodo comprendido entre agosto de 2020 y mayo de 2024. La SIC busca establecer si el operador impuso la facturación de estos equipos asumiendo la voluntad del cliente, una práctica prohibida por la normativa vigente de comunicaciones. Los usuarios tienen el derecho inalienable de elegir en todo momento qué equipos desean utilizar para acceder a sus servicios contratados, sin que las empresas puedan presumir aceptaciones tácitas que afecten el patrimonio de los abonados.
Además del presunto cobro arbitrario, la investigación señala que Movistar habría infringido el derecho de los ciudadanos a conocer con claridad las tarifas aplicables. Los denunciantes manifestaron haber recibido "cobros sorpresa" en sus facturas mensuales por conceptos que nunca fueron socializados ni aceptados formalmente. Esta falta de transparencia impide que el consumidor tome decisiones financieras informadas y debilita la confianza en la relación entre el prestador del servicio y el usuario final.
Otro de los cargos formulados por la Superintendencia se refiere al presunto incumplimiento del deber de entregar información suficiente, oportuna y comprobable. Al parecer, la empresa no mantuvo actualizado el contrato único de prestación de servicios fijos ni garantizó que los usuarios pudieran acceder fácilmente a su contenido. La transparencia contractual es una obligación legal que asegura que ambas partes conozcan sus derechos y deberes, evitando cláusulas ambiguas o cobros que no estén debidamente soportados en el documento original.
En caso de que se comprueben estas conductas tras el proceso administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas severas. La ley faculta a la autoridad para sancionar al investigado con hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción cometida. Estos recursos buscan desincentivar prácticas abusivas en el sector de las telecomunicaciones y proteger el bolsillo de los colombianos frente a cargos que no corresponden a servicios o equipos solicitados.
Es importante precisar que, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, contra la resolución de formulación de cargos no procede recurso alguno por parte de la empresa. No obstante, Movistar cuenta con un término legal de 15 días a partir de su notificación para ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción. Durante esta etapa, la sociedad podrá aportar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los hallazgos de la SIC y explicar los procedimientos de facturación aplicados a los equipos "Baseport".
La vigilancia de la SIC en este caso responde a un esfuerzo por sanear las prácticas comerciales en entornos digitales y de servicios para el hogar en 2026. La protección del usuario de comunicaciones es una prioridad, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como el acceso a internet. La autoridad ha reiterado que el silencio del consumidor nunca puede interpretarse como una aceptación de cargos adicionales o la adquisición de hardware que no fue expresamente solicitado mediante los canales autorizados.
La resolución de este proceso administrativo será determinante para sentar un precedente sobre la responsabilidad de los operadores en la transparencia tarifaria. El mercado de las telecomunicaciones en el país exige reglas claras donde la voluntad del usuario sea el eje central de cualquier modificación en la facturación. Con esta investigación, la Superintendencia ratifica su compromiso de inspección y control, asegurando que las grandes corporaciones se ajusten estrictamente a los derechos constitucionales de los consumidores colombianos.
