La Procuraduría General de la Nación abrió este 6 de abril de 2026 una investigación disciplinaria contra Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, exdirectora general encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). El proceso busca esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado al suministro de alimentación para las personas privadas de la libertad en la cárcel El Barne, ubicada en Boyacá. La decisión del ente de control surge tras recibir reportes sobre posibles fallas sistemáticas en la prestación de este servicio vital en el centro penitenciario de alta y mediana seguridad.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública se enfocará en establecer si existieron deficiencias graves en la continuidad de la entrega de raciones de comida a los internos. Según las primeras indagaciones, la administración de la Uspec habría omitido medidas y previsiones mínimas necesarias para evitar que el servicio se viera interrumpido o afectado en su calidad. El Ministerio Público investiga si esta falta de previsión derivó en un detrimento directo de los derechos fundamentales de la población carcelaria, quienes dependen exclusivamente de este contrato estatal para su subsistencia diaria.
Dentro de la misma actuación procesal, el ente de control incluyó a Tania María Buitrago González, exsubdirectora de Suministro de Bienes de la Dirección Logística de la entidad. Buitrago González se desempeñó como supervisora del contrato de prestación de servicios y, según el pliego de cargos preliminar, habría pasado por alto el debido seguimiento y control de la ejecución contractual. La Procuraduría busca determinar si la funcionaria ignoró alertas sobre los incumplimientos del contratista o si falló en su deber de reportar las anomalías de manera oportuna a las instancias superiores.
El Ministerio Público ordenó la práctica inmediata de pruebas documentales para establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Los investigadores analizarán las bitácoras de entrega, los informes de interventoría y los pagos realizados al operador logístico encargado de la alimentación en El Barne. Esta etapa probatoria es crucial para confirmar si hubo una omisión deliberada o una negligencia administrativa que puso en riesgo la estabilidad del penal, considerando que la alimentación es uno de los factores más sensibles para mantener el orden interno.
Históricamente, la Uspec ha estado bajo la lupa de las autoridades por problemas recurrentes en la contratación de servicios básicos para las cárceles del país. Este nuevo caso en Boyacá se suma a una lista de investigaciones que cuestionan la transparencia y eficiencia de la unidad en la gestión de recursos públicos. La Procuraduría enfatizó que la supervisión de estos contratos no es un trámite formal, sino una obligación legal para garantizar que los dineros del Estado se transformen en servicios reales y dignos para una población que se encuentra bajo custodia del sistema judicial.
La defensa de las exfuncionarias tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de descargo durante el desarrollo del proceso disciplinario en este 2026. Por ahora, el ente de control busca determinar si la conducta de Simijaca Agudelo y Buitrago González constituye una falta gravosa a título de dolo o culpa. De hallarse responsables, las implicadas podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios años, dependiendo de la gravedad del daño causado a la administración y a los derechos de los privados de libertad.
Expertos en derecho administrativo señalan que la continuidad en el suministro de alimentos es un servicio público esencial dentro de los establecimientos de reclusión. Cualquier falla en la cadena de suministro no solo afecta la salud de los internos, sino que genera tensiones que pueden derivar en motines o alteraciones de la seguridad nacional. Por ello, la investigación de la Procuraduría es vista como una acción necesaria para sentar precedentes sobre la responsabilidad de los directivos encargados de la logística penitenciaria, exigiendo mayores estándares de control en los procesos de contratación.
Finalmente, el organismo de control reiteró que su prioridad es velar por la correcta ejecución de los recursos destinados al sistema carcelario en todo el territorio colombiano. La investigación sobre el caso de El Barne seguirá su curso con la citación a testimonios de personal administrativo y de custodia que presenció las presuntas irregularidades. Con esta actuación, la Procuraduría reafirma su compromiso de vigilar la conducta de los servidores públicos y asegurar que la prestación de servicios básicos en las cárceles de Boyacá y el resto del país se realice bajo principios de eficiencia y dignidad.
