La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fuerte llamado a las entidades nacionales para que garanticen la eliminación progresiva del asbesto en todo el territorio colombiano. El órgano de control enfatizó la urgencia de prevenir los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de la exposición a esta fibra mineral. En una comunicación oficial, se insistió en que la protección de las personas potencialmente afectadas debe ser una prioridad absoluta para el Estado. Esta solicitud se enmarca en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente que busca desterrar esta sustancia del tejido industrial y residencial del país.
Desde el 1 de enero de 2021 entró en vigor la Ley 1968 de 2019, la cual prohíbe de manera tajante la explotación, producción, comercialización e importación de cualquier tipo de asbesto. No obstante, la Procuraduría advirtió que el plazo legal para la formulación de la política pública de sustitución del asbesto ya instalado se encuentra vencido. Ante este panorama, el Ministerio Público requirió información detallada sobre el estado de avance de dicho plan, el cual aún no ha sido adoptado ni puesto en ejecución por las autoridades competentes. La falta de este marco regulatorio prolonga innecesariamente el riesgo para miles de ciudadanos.
El ente de control instó directamente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a liderar la gestión integral de los residuos de asbesto. Se espera una articulación efectiva entre los organismos centrales y descentralizados para manejar los productos que ya están instalados en edificaciones e infraestructura. La orden es clara: se deben implementar medidas inmediatas para mitigar las consecuencias de la exposición y dar cumplimiento estricto al mandato legal. La coordinación desde la Presidencia es vista como el motor necesario para destrabar los procesos administrativos que han frenado la eliminación total del material.
A los ministerios de Trabajo, Salud, Ambiente y Comercio se les solicitó formular y ejecutar de manera conjunta la política de sustitución. Un punto crítico de esta solicitud es la creación de un plan de adaptación laboral para los trabajadores que todavía dependen de sectores vinculados a estos materiales. La transición hacia una industria libre de asbesto debe considerar la estabilidad y la reconversión de la mano de obra afectada. El Ministerio de Salud, por su parte, debe liderar los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo patologías asociadas a la inhalación de estas fibras tóxicas.
La Procuraduría también exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la DIAN a intensificar los procedimientos sancionatorios. Estas entidades deben actuar con rigor contra quienes persistan en actividades de explotación o comercialización de asbesto a pesar de la prohibición vigente. La vigilancia en las aduanas y en los puntos de producción local es fundamental para cortar la cadena de suministro de este material. El órgano de control espera que se apliquen multas y cierres ejemplares que desincentiven cualquier intento de evadir la ley en beneficio de intereses económicos particulares.
Como parte del seguimiento, todas las entidades requeridas deberán remitir un informe pormenorizado sobre sus actuaciones desde que la ley entró en vigencia. Este reporte debe incluir las actividades de inspección, control y seguimiento realizadas, así como los resultados concretos de las sanciones impuestas hasta la fecha. La Procuraduría busca evaluar si la falta de implementación de la política pública se debe a negligencia administrativa o a barreras técnicas. La transparencia en estos informes será clave para determinar las responsabilidades de los funcionarios encargados de salvaguardar la salud colectiva de los colombianos.
La exposición al asbesto es la causa principal de enfermedades crónicas como la asbestosis y diversos tipos de cáncer pulmonar, lo que justifica la firmeza del Ministerio Público. En 2026, Colombia no puede permitir que la burocracia sea un obstáculo para la protección de la vida. La sustitución de materiales contaminados en viviendas y escuelas es una tarea pendiente que requiere una inversión estratégica y una hoja de ruta técnica clara. El compromiso gubernamental debe trascender los discursos y transformarse en acciones de retiro y disposición final de residuos peligrosos bajo estándares internacionales de bioseguridad.
Finalmente, el llamado de la Procuraduría General de la Nación reafirma el papel de la vigilancia preventiva en la defensa de los derechos colectivos. La eliminación del asbesto es una lucha histórica de las víctimas y sus familias que hoy cuenta con un respaldo legal sólido pero requiere voluntad operativa. La respuesta de los ministerios y departamentos administrativos definirá la eficacia del Estado en la gestión de riesgos ambientales. Con esta intervención, se espera que el país avance definitivamente hacia un entorno más seguro, donde el desarrollo industrial sea compatible con el respeto irrenunciable a la salud de todos los ciudadanos.
