La Procuraduría General de la Nación sancionó este 7 de abril de 2026 con destitución e inhabilidad general por 14 años al mayor retirado Jorge Mario Molano Bedoya. La decisión responde a los actos irregulares y al uso excesivo de la fuerza cometidos por el oficial durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en Ibagué. El ente de control concluyó que la actuación de Molano Bedoya provocó la muerte del joven Santiago Andrés Murillo Meneses.
El Ministerio Público resaltó que el disciplinado, en su calidad de oficial de la Policía Nacional, conocía las directrices legales sobre el uso de armas en manifestaciones sociales. Sin embargo, el mayor ignoró deliberadamente su deber de ajustarse a los mandatos constitucionales que regulan la labor policial en el país. El fallo enfatiza que el oficial omitió los protocolos de seguridad que exigen la máxima protección del derecho fundamental a la vida.
La conducta de Molano Bedoya fue calificada de manera definitiva como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. La Procuraduría evidenció que la actuación del uniformado fue consciente, voluntaria y deliberada al accionar su arma de fuego contra el ciudadano. Para los investigadores, existió un pleno conocimiento del carácter antijurídico del acto, afectando la institucionalidad y la confianza de los habitantes de la ciudad de Ibagué.
Los hechos ocurrieron en el contexto de las jornadas de protesta nacional del año 2021, donde Santiago Murillo recibió un impacto de bala que terminó con su vida. La investigación disciplinaria determinó que el uso de la fuerza no fue proporcional ni necesario dadas las circunstancias del momento. Esta sanción busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los mandos policiales en el manejo del orden público y el respeto por los derechos humanos.
Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el despacho del Procurador General de la Nación. La defensa del mayor retirado tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que la decisión quede en firme en los registros oficiales. El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de víctimas que reclaman justicia administrativa y penal por los abusos cometidos durante las manifestaciones de aquel mayo.
La sanción de 14 años de inhabilidad impide que Molano Bedoya ejerza cualquier cargo público o contrate con el Estado durante dicho periodo. Esta medida administrativa se suma a los procesos penales que se adelantan de forma paralela en la justicia ordinaria por el homicidio del joven Murillo. La Procuraduría reiteró que la fuerza pública tiene límites estrictos en el uso de armas letales, especialmente cuando se trata de controlar concentraciones de civiles.
La familia de Santiago Murillo Meneses ha manifestado que este fallo es un paso importante para el reconocimiento de la verdad y la reparación simbólica. No obstante, insisten en que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la pérdida de una vida humana. La ciudad de Ibagué recuerda este caso como uno de los más dolorosos de su historia reciente, marcando un punto crítico en la relación entre la policía y la juventud.
El ente de control aseguró que continuará vigilando la conducta de los servidores públicos para garantizar que sus actuaciones se ciñan a la ley. El respeto por los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza es una obligación que no admite excepciones para los oficiales de alto rango. Con esta decisión, la Procuraduría reafirma su compromiso de proteger los derechos fundamentales y sancionar con rigor a quienes abusen de su autoridad en perjuicio de la ciudadanía.
