La Policía Nacional, en un operativo coordinado con la Fiscalía General, afectó las finanzas de una organización dedicada a la minería ilícita en Cundinamarca. Las autoridades materializaron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre un predio rural ubicado en el municipio de Lenguazaque. Esta propiedad era utilizada por una estructura familiar para la explotación ilegal de yacimientos mineros, actividad que generaba graves daños ambientales en la región.
Según los investigadores, la explotación ilegal producía ganancias diarias cercanas a los 35 millones de pesos. La organización lograba extraer entre 30 y 40 cargas de arena en volquetas cada 24 horas, acumulando ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos durante tres años. Esta actividad extractiva sin licencias ambientales ocasionó una degradación severa de los recursos naturales locales, dejando consecuencias letales para el ecosistema de la zona.
El proceso investigativo de la Seccional de Investigación Criminal incluyó seguimientos detallados, videos y testimonios que fueron fundamentales para demostrar el modus operandi. Gracias a este acervo probatorio, un juez de control de garantías condenó a los responsables e impuso multas económicas significativas. La recolección de pruebas permitió trazar la ruta del dinero y vincular directamente el predio con las actividades de explotación de minerales no autorizadas.
En el marco de la extinción de dominio, se ocupó el terreno y maquinaria amarilla avaluados en más de 2.500 millones de pesos. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración legal. Este golpe contundente a la infraestructura criminal busca desincentivar el uso de maquinaria pesada en actividades que vulneran la sostenibilidad ambiental de los municipios que conforman la provincia de Ubaté.
La legislación colombiana establece penas severas para quienes incurran en la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las sanciones oscilan entre los 32 y 144 meses de prisión, además de las compensaciones económicas por el daño ecológico causado. La Policía de Cundinamarca reafirma que estas intervenciones son vitales para proteger las fuentes hídricas y la capa vegetal que son destruidas sistemáticamente por la minería ilegal en el departamento.
El operativo en Lenguazaque forma parte de una estrategia departamental para combatir los delitos contra el medio ambiente. Las autoridades advierten que la minería sin control técnico genera riesgos de deslizamientos y contaminación de suelos que afectan a las comunidades campesinas aledañas. Por ello, la vigilancia en zonas rurales se ha intensificado para detectar movimientos inusuales de maquinaria pesada que no cuente con los permisos de las autoridades ambientales competentes.
La Policía Nacional invita a los ciudadanos a proteger los recursos naturales y a denunciar cualquier comportamiento asociado a este delito mediante la línea 123. La colaboración ciudadana es clave para identificar los puntos de extracción ilegal antes de que el daño ambiental sea irreversible. El compromiso institucional es mantener la lucha frontal contra las organizaciones que priorizan el lucro económico sobre la preservación del patrimonio natural de Colombia.
La recuperación del predio y los equipos incautados representa un avance en la restitución del orden jurídico en las zonas mineras de Cundinamarca. El trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la SAE garantiza que los bienes utilizados para delinquir pasen a manos del Estado para fines sociales. Con estas acciones, se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a la degradación de los ecosistemas en el 2026.
