La Policía Nacional, a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó este 7 de abril de 2026 el Plan Cazador denominado Operación Granate. La ofensiva nacional se desarrolló en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, además de 10 departamentos, logrando la captura de 113 personas. Los detenidos deberán responder por los delitos de secuestro y extorsión, tras una investigación que permitió afectar a 15 estructuras criminales de alto impacto en el país.
Durante el despliegue operativo, las autoridades lograron la incautación de 585 elementos utilizados para actividades ilícitas, entre los que se encuentran 12 armas de fuego y 103 teléfonos celulares. El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, afirmó que esta intervención es una declaración firme de que en Colombia no hay lugar para estos delitos. La operación permitió golpear a organizaciones como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se registró la captura de un adulto mayor de 61 años que extorsionaba a un comerciante local. El sujeto se identificaba como integrante de la Oficina de Envigado y exigía el pago de 3 millones de pesos bajo amenazas de muerte. Para presionar el dinero, el capturado enviaba audios intimidantes y videos de atentados previos a través de redes sociales. El hombre fue puesto a disposición judicial por el delito de extorsión agravada.
Simultáneamente, en el departamento de La Guajira, la Policía propinó un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra con la captura de 13 de sus integrantes. Las detenciones se realizaron en Riohacha y Dibulla, afectando directamente los frentes Javier Cáceres y Cristóbal Duarte. Entre los capturados figuran alias Boyaco, jefe financiero, y alias Yao, cabecilla militar de la organización. Estos individuos eran responsables de cobros sistemáticos a ganaderos, agricultores y al sector hotelero en la Troncal del Caribe.
Las investigaciones en la región caribe revelaron que las exigencias económicas de esta estructura criminal oscilaban entre los 100.000 y los 50.000.000 de pesos. El modus operandi consistía en abordar a las víctimas de manera presencial en sus establecimientos o realizar llamadas telefónicas intimidantes para negociar los pagos. Los implicados también estarían vinculados a homicidios selectivos y desplazamiento forzado en corregimientos como Palomino y Mingueo. La captura de estos perfiles criminales reduce significativamente la capacidad de financiamiento de dicho grupo ilegal.
En el departamento de Arauca, la operación afectó al frente 10 Guadalupe Salcedo, mientras que en el Valle de Aburrá se neutralizaron facciones de Los Chanda y Los del Gota. La Policía Nacional destacó que el análisis de inteligencia permitió identificar a los perfiladores de víctimas y coordinadores logísticos de estas redes. La recuperación de 12 motocicletas y cartuchos de diferentes calibres evidencia el nivel de preparación armada que ostentaban estas bandas para amedrentar a la ciudadanía trabajadora.
El Gaula de la Policía Nacional recordó la importancia de la denuncia ciudadana a través de la línea 165 bajo el lema ¡Yo no pago, Yo denuncio!. Los 113 capturados presentan antecedentes por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y fabricación de armas de fuego. La institución subrayó que estas acciones preventivas buscan devolver la tranquilidad a los sectores productivos que son blanco constante de presiones económicas ilegales. La Operación Granate se consolida como uno de los resultados más importantes del año.
La Policía Nacional aseguró que el respeto por el debido proceso fue garantizado durante cada uno de los allanamientos y capturas realizadas en este 2026. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Con este resultado, la fuerza pública reafirma su compromiso de avanzar con toda su capacidad institucional para defender la libertad de los colombianos en cada rincón del territorio nacional hoy.
