El Gobierno nacional anunció que plantas de generación que representan el 25% de la capacidad del país aceptaron la nueva fórmula tarifaria. A través del Ministerio de Minas y Energía, se informó que empresas públicas como EPM, GENSA y URRÁ se acogieron al modelo. Esta medida, impulsada bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, busca corregir distorsiones históricas que han encarecido el servicio de electricidad para los hogares colombianos.
La Resolución 101 102 de 2026, emitida por la CREG, define un menú de corto plazo para los generadores de energía limpia. Al sumarse proyectos solares y tecnologías eficientes, el sistema avanza hacia una estructura de costos mucho más justa para la ciudadanía. El objetivo principal es que el precio de la electricidad refleje las condiciones reales de producción y no factores externos que inflan artificialmente las facturas mensuales.
Este mecanismo regulatorio pretende que la energía generada con recursos hídricos deje de estar indexada a los precios del gas importado. Durante más de 30 años, los colombianos han pagado el agua al costo de combustibles líquidos, una regla vigente desde julio de 1995. Corregir esta vetusta distorsión permite aliviar el bolsillo de millones de familias, especialmente durante los periodos de sequía que afectan los niveles de los embalses.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que este es un paso estructural para desmontar rentas injustificadas en el sistema. Según el funcionario, el diseño de mercado anterior limitaba el impacto de la generación hidroeléctrica sobre el precio final al usuario. La nueva fórmula permite pagar la energía a costos reales, aprovechando la riqueza hídrica del país sin depender exclusivamente de la volatilidad internacional de los hidrocarburos.
A pesar del avance, el Gobierno advirtió que un grupo relevante de grandes generadoras privadas decidió no sumarse a este esquema voluntario. Esta situación limita el alcance del beneficio para la totalidad de la población, manteniendo algunas rentas que el Estado considera desproporcionadas. El ministro Palma señaló que Colombia enfrenta hoy las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado que redujeron el control público sobre la generación.
En su intervención, Palma lamentó la privatización de empresas como ISAGEN, argumentando que su carácter público permitiría cubrir el 35% del sistema. La falta de estas herramientas estatales impide ampliar el impacto positivo de la reforma tarifaria hacia sectores más vulnerables de la nación. No obstante, el compromiso de las empresas públicas actuales demuestra que es posible construir un modelo energético mucho más equitativo para todos.
La cartera ministerial reiteró que continuará adoptando medidas regulatorias orientadas a garantizar la soberanía energética y la transición hacia fuentes renovables. Bajo el direccionamiento estratégico actual, se busca que la energía sea un servicio público accesible y no un negocio de especulación financiera. La colaboración entre la CREG y las generadoras que aceptaron el cambio es fundamental para estabilizar los indicadores económicos del sector eléctrico.
Por consiguiente, los usuarios empezarán a percibir los ajustes en sus recibos una vez las empresas apliquen los nuevos parámetros de cobro. El Gobierno nacional mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de estos acuerdos para asegurar que la reducción se traslade íntegramente al consumidor final. Se espera que este hito regulatorio siente las bases de un sistema eléctrico resiliente, sostenible y profundamente comprometido con el desarrollo social colombiano.
