La Federación Colombiana de Municipios y los alcaldes del país propusieron una solución técnica ante la crisis social generada por los incrementos desproporcionados en los avalúos catastrales. La propuesta central es implementar de manera inmediata la Resolución 0384 de 2026 del IGAC, estableciendo un cronograma claro hasta el 30 de junio de este año. Esto permitiría revisar regionalmente los casos atípicos derivados del cálculo automático de los avalúos catastrales.
Los mandatarios locales solicitan que los efectos de las resoluciones de actualización se apliquen solo hasta el 1 de enero de 2027 en municipios que no recibieron bases actualizadas en 2025. Para sustentar esto, pedirán al IGAC certificaciones oficiales sobre las fechas exactas de incorporación de los nuevos valores en las bases de datos. El objetivo es garantizar que se respete la normativa vigente sobre la vigencia de los ajustes.
Es fundamental aclarar que esta situación no es atribuible a las decisiones de los alcaldes ni a las administraciones locales. Los incrementos que hoy generan inconformidad responden a la aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo definido por el nivel central. Los mandatarios municipales han actuado bajo la ley, sin tener competencias para fijar estos aumentos o modificarlos de forma discrecional ante el reclamo ciudadano.
Por lo anterior, la Federación hace un llamado firme al Gobierno nacional para detener la desinformación y la estigmatización contra los líderes territoriales. Exigen que se asuma la responsabilidad técnica de estas medidas nacionales en lugar de señalar injustificadamente a los alcaldes por los efectos económicos. Colombia requiere soluciones concretas y un diálogo honesto que evite profundizar la crisis social que actualmente afecta a las diversas regiones.
La propuesta incluye la instalación urgente de mesas de diálogo con el Ejecutivo para revisar incrementos desproporcionados, especialmente en predios rurales y pequeños propietarios. Se busca evitar que la política catastral termine afectando la estabilidad financiera de miles de familias colombianas que hoy enfrentan cobros excesivos. Los municipios están listos para construir una salida concertada que proteja el patrimonio ciudadano y garantice la sostenibilidad fiscal de los territorios.
La Federación destaca que los alcaldes son los primeros en recibir las quejas de la comunidad, a pesar de no ser los responsables de la fórmula de cálculo. Los mandatarios locales operan como ejecutores de una norma de carácter nacional que hoy genera una presión social insostenible en las calles. La concertación técnica permitiría ajustar los valores a la realidad económica de cada municipio, evitando injusticias tributarias en 2026.
Las Resoluciones 1939 y 2057 de 2025 son los instrumentos jurídicos que los alcaldes proponen utilizar para postergar los efectos de los aumentos injustificados. Esta medida daría un respiro a los contribuyentes mientras se realizan las revisiones regionalizadas propuestas ante el IGAC. La transparencia en el proceso de certificación de las bases catastrales es el paso inicial para devolver la confianza a los propietarios de predios en el país.
La solución debe ser técnica y responsable, enfocada en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones centralizadas. Los alcaldes reiteran su disposición para trabajar en un modelo que refleje el valor real de la tierra sin asfixiar la economía doméstica. El país necesita que el Gobierno nacional lidere con responsabilidad esta transición, deteniendo las acusaciones sin sentido que solo dividen a las instituciones del Estado.
