El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) presentó este 9 de abril de 2026 una investigación exhaustiva sobre la situación de los derechos de las mujeres rurales y campesinas en Bogotá. El estudio revela que esta población enfrenta desigualdades diferenciadas que afectan su acceso a una vivienda digna, la construcción de paz y el derecho a una vida libre de violencias. A través de un enfoque de género, la entidad analizó cómo el ordenamiento territorial y la ausencia institucional profundizan las brechas entre la Bogotá urbana y sus zonas rurales.
En cuanto al derecho al hábitat, la investigación señala que las figuras actuales de ordenamiento restringen la ampliación y herencia de la vivienda campesina. Esta situación opera, en muchos casos, como un mecanismo de desplazamiento, pues se priorizan intereses económicos y ambientales urbanos sobre la identidad y el bienestar de las comunidades rurales. Además, la falta de equipamientos básicos incrementa drásticamente la carga de cuidados para las mujeres, quienes deben suplir con su trabajo no remunerado las deficiencias en infraestructura y servicios públicos del territorio.
El estudio también aborda el derecho a la paz y la convivencia con equidad, destacando que son las mujeres quienes sostienen la resolución de conflictos comunitarios. Ante la debilidad de los mecanismos institucionales, ellas lideran la mediación cotidiana para mantener la armonía en sus veredas. Sin embargo, estas lideresas enfrentan una violencia política persistente, manifestada en amenazas y estigmatización que ponen en riesgo su integridad física y limitan su participación democrática en los espacios de decisión local.
Otro de los hallazgos críticos se centra en el derecho a una vida libre de violencias, donde las rutas de atención actuales son percibidas como "urbano-céntricas". Para las mujeres rurales, el acceso a la justicia es difícil debido a las distancias y a la falta de enfoques que comprendan la realidad del campo, lo que profundiza la sensación de impunidad. La ausencia de educación sexual integral en los colegios rurales también fue señalada como un factor que expone a niñas y adolescentes a ciclos de subordinación y riesgos prevenibles.
La investigación de la Secretaría de la Mujer concluye que existe una segmentación institucional que no responde a la experiencia real de las mujeres en el territorio. Sus vidas están atravesadas por conflictos ambientales, presiones por el turismo extractivo y herencias del conflicto armado que se refuerzan mutuamente. Por ello, el informe recalca que una vida libre de violencias para esta población es inseparable del acceso a la tierra y a la permanencia territorial, exigiendo una mirada mucho más holística de sus derechos.
Frente a este panorama, el OMEG recomienda la implementación de una estrategia integral y participativa de justicia de género diseñada específicamente para la ruralidad bogotana. Esto implica que las decisiones de gestión del suelo y políticas públicas dejen de ser dictadas exclusivamente desde el centro de la ciudad. El objetivo es transitar hacia un modelo donde la autonomía y la autodeterminación de las campesinas sean el eje de la planificación, asegurando que el desarrollo urbano no se haga a costa del bienestar rural.
El turismo extractivo y la presión urbana también fueron identificados como factores que reconfiguran la convivencia comunitaria de manera negativa. Estos fenómenos profundizan las desigualdades económicas y simbólicas, desplazando las dinámicas tradicionales por modelos de consumo que no benefician a la población local. Para las mujeres, esto significa una pérdida de sus espacios de incidencia y una transformación de su hábitat que muchas veces las deja en condiciones de mayor vulnerabilidad y dependencia económica externa.
La protección de las lideresas y el fortalecimiento de la educación en las zonas rurales surgen como pasos fundamentales para romper con las violencias estructurales del entorno. El estudio del Distrito hace un llamado a reconocer que la paz cotidiana en el campo bogotano es un esfuerzo sostenido por el liderazgo femenino que requiere respaldo estatal urgente. Con este informe, el Observatorio entrega una hoja de ruta clara para que la administración pública garantice derechos que históricamente han sido esquivos para las mujeres de la capital.
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Bogota
