Ministerio TIC lidera mesas técnicas con operadores por aumento de tarifas en el IPC

 

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela, encabezó una serie de mesas de trabajo con los principales operadores móviles del país para analizar el reciente incremento en los precios de los servicios reflejado en el IPC de marzo. En las reuniones individuales con Tigo, Claro, WOM y Movistar, el Gobierno Nacional indagó sobre las dinámicas de costos que llevaron a que la división de Información y Comunicación presentara la mayor variación en el reporte del DANE.

Durante los encuentros, la ministra Murcia enfatizó que la prioridad estatal es proteger la economía de los hogares colombianos sin comprometer la estabilidad financiera del sector. Los operadores explicaron que, si bien se percibe un alza, esta responde a los ajustes habituales de inicio de año y no a incrementos extraordinarios o injustificados. El Ministerio hizo un llamado a las compañías para que diseñen estrategias comerciales más inclusivas que respondan a la realidad de los sectores más vulnerables de la población.

Un punto central de la discusión fue la posible desinformación generada por la metodología de medición de precios. Según los análisis presentados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), los colombianos pagan hoy menos por conectividad de lo que pagaban en 2018. Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro, aclaró que muchas mediciones se basan en precios de oferta publicados y no capturan los descuentos o beneficios reales que los usuarios reciben en sus facturas mensuales.

Por su parte, Carlos Blanco, CEO de Tigo, señaló que el sector ha realizado un esfuerzo sostenido por mantener tarifas competitivas a pesar del crecimiento exponencial en el consumo de datos y el aumento de los costos operativos. La industria coincide en que la demanda de capacidad de red ha presionado las inversiones, pero se mantiene el enfoque en ofrecer servicios eficientes. La ministra instó a mejorar la calidad de la información estadística para que los entes de control tengan mayor claridad sobre el mercado.

Desde la perspectiva de WOM, el vicepresidente Faihan Alfayez resaltó la importancia de fortalecer la libre competencia para beneficiar al usuario final. Como operador retador, la compañía ha mantenido precios por debajo del promedio del mercado, aunque advirtió que la alta concentración del sector y los costos crecientes representan un desafío para la sostenibilidad. El Ministerio TIC respaldó la necesidad de un entorno dinámico donde la diversidad de ofertas permita a los ciudadanos elegir la opción más económica.

Movistar, representado por su gerente Mariano Alonso, subrayó el equilibrio necesario entre la accesibilidad de los precios y la expansión de la cobertura. El aumento en la presión de costos exige soluciones conjuntas que permitan mantener las redes operativas y llevar internet a las zonas más apartadas del territorio. La sostenibilidad de la infraestructura es vital para que la transformación digital no se detenga, especialmente en un contexto de alta inflación global que afecta los insumos tecnológicos este 2026.

Como conclusión de las mesas técnicas, la ministra Carina Murcia reiteró que cerrar la brecha digital en Colombia pasa necesariamente por cuidar el bolsillo de la gente. El compromiso del Gobierno es seguir vigilando de cerca la actuación de los operadores y promover una transparencia total en la comunicación de las tarifas. Se acordó trabajar en una agenda articulada que permita ampliar el acceso a la conectividad mediante planes más flexibles y acordes a la capacidad adquisitiva de los usuarios.

Finalmente, la jefa de la cartera TIC hizo un llamado a la ciudadanía para informarse a través de canales oficiales y evitar caer en alarmismos sobre supuestos aumentos desmedidos. La vigilancia preventiva continuará durante todo el año para asegurar que los servicios de comunicaciones se presten en condiciones justas. Con estas acciones, el Ministerio busca equilibrar el crecimiento de la industria con el bienestar social, garantizando que el acceso a la información siga siendo un derecho democrático y asequible.

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